La Diputación de Toledo llevará al Pleno del miércoles la creación de una bolsa de secretarios interventores destinada a facilitar la cobertura interina de puestos de Secretaría-Intervención en los ayuntamientos de la provincia. El programa provincial estará abierto a la adhesión voluntaria de los municipios y tendrá una vigencia de tres años.

La iniciativa busca aliviar una dificultad que afecta especialmente a las corporaciones locales con menos medios: organizar por separado los procesos selectivos para cubrir puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Una selección común para los ayuntamientos

La Diputación asumirá la preparación y la gestión material y técnica del proceso. Entre sus tareas estarán la recepción de solicitudes, la publicación de las listas de admitidos y excluidos, la organización de las pruebas y la administración posterior de la bolsa.

El sistema será un concurso-oposición y se regirá por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El tribunal contará con funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, representantes del colegio de secretarios interventores, funcionarios de habilitación nacional y personal de la institución provincial.

Una vez disponible la relación ordenada de candidatos, los ayuntamientos podrán pedir la cobertura de una plaza cuando exista una vacante, una ausencia temporal u otra circunstancia que permita recurrir a personal funcionario interino. La Diputación ofrecerá el puesto siguiendo el orden de la bolsa y la disponibilidad de los candidatos.

Los municipios conservarán sus competencias

Cada ayuntamiento deberá justificar la necesidad de cubrir el puesto, acreditar la vacante y su financiación, y comprobar que no puede ocuparlo un funcionario de habilitación nacional. También le corresponderá formular la propuesta de nombramiento ante la Dirección General de Administración Local de Castilla-La Mancha.

La institución provincial no hará los nombramientos ni mantendrá una relación laboral con las personas incluidas en la bolsa. Esa decisión corresponderá al municipio y a la Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La adhesión no supondrá obligaciones económicas para los ayuntamientos. La Diputación asumirá con cargo a su presupuesto los gastos de organización del proceso y de gestión de la bolsa. Si la relación de candidatos se agotara durante los tres años de vigencia, podrán convocarse nuevas pruebas.

El programa prolonga la colaboración entre la Diputación y la Junta, que ya incluye un máster universitario específico para la formación de secretarios interventores.