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    El medio ambiente lidera las reclamaciones en Castilla-La Mancha: 410 solicitudes en 2025

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    El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado un informe sobre las reclamaciones tramitadas durante el 2025, destacando las áreas más demandadas por los ciudadanos. En total, se recibieron 770 solicitudes, siendo el medio ambiente la temática más recurrente con 410 reclamaciones. Otras áreas de interés incluyeron la información municipal, con 161 solicitudes, el urbanismo (77), la contratación (21) y el empleo público (23).

    Datos sobre las reclamaciones en 2025

    Fernando Muñoz, presidente del Consejo Regional, ofreció esta información en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Generales. Durante su intervención, subrayó que la codificación de las reclamaciones permitirá identificar tendencias en los temas solicitados, como las «oleadas de solicitudes ambientales», y facilitará la activación de protocolos de respuesta adecuados.

    Memoria y evolución del consejo

    Muñoz también destacó que la memoria presentada confirma que el Consejo ha avanzado desde su instalación en 2023 hasta su consolidación operativa actual. Una parte fundamental de este proceso ha sido la implementación de la sede electrónica, donde se registraron 770 expedientes y se dictaron 535 resoluciones, logrando un índice de cierre del 69%.

    Desde el inicio de sus actividades el 1 de noviembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, se gestionaron 313 expedientes, con un índice de resolución del 78%. En comparación, en 2025 se gestionaron 467 expedientes más, aunque el tiempo medio de resolución aumentó de 55 días en 2023 y 2024 a 75 días en 2025, lo que Muñoz atribuyó al incremento del volumen de trabajo y la complejidad de los asuntos.

    Resultados y estadísticas

    En cuanto a las resoluciones, el año 2025 se cerró con 46 inadmitidas, 144 estimadas y 123 archivadas. Muñoz enfatizó que estas cifras reflejan tanto la eficacia del órgano como las áreas que requieren más atención. Por provincias, Toledo lideró con 112 expedientes, seguida de Guadalajara con 77, Albacete con 44, Ciudad Real con 41 y Cuenca con 38.

    Iniciativas futuras y cooperación

    El presidente anunció que están desarrollando un mapa coroplético que indicará el número y tipo de reclamaciones presentadas en cada municipio. También mencionó que el 92% de los reclamantes son personas jurídicas, destacando la creciente participación del tercer sector, especialmente de organizaciones animalistas y medioambientales.

    Muñoz hizo hincapié en la importancia de la cooperación con otros órganos garantes, recordando que Castilla-La Mancha promovió en mayo de 2025 la Conferencia de Órganos Garantes de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública (COTAI), que la región presidió hasta el final de ese año.

    Formación y desarrollo en transparencia

    Durante 2025, se llevaron a cabo cinco jornadas provinciales que reunieron a 345 participantes, entre cargos electos, secretarios interventores y técnicos municipales, con el objetivo de proporcionar criterios operativos sobre portales de transparencia y gestión documental. Para 2026, se planifica un nuevo ciclo formativo en conmemoración del décimo aniversario de la Ley de Transparencia, que se celebrará el 15 de diciembre de ese año, en colaboración con el Observatorio de Integridad del Sector Público. La firma de un convenio de cooperación con este observatorio ya ha sido autorizada por la Mesa de las Cortes.

    Críticas a la transparencia en el parlamento

    Por su parte, el representante del PP, Santiago Serrano, lamentó que Castilla-La Mancha sea considerado «el parlamento más opaco del país». Criticó la falta de disposición del presidente regional, Emiliano García-Page, para someterse al control de los diputados y acusó al Parlamento de utilizar la discrecionalidad institucional para limitar la transparencia en las acciones de la Junta de Comunidades.

    Problemas en el portal de transparencia

    Serrano también señaló las deficiencias en la usabilidad del portal de transparencia, argumentando que la información no siempre es accesible y que la transparencia se percibe más como una obligación que como un compromiso de la Administración Pública.

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