El Gobierno de Castilla-La Mancha está en proceso de regular la instalación de plantas de biometano en la región. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, anunció que el borrador del decreto correspondiente será sometido a información pública en la primera semana de julio.
Reuniones con plataformas sobre biometano
Durante una rueda de prensa, Gómez fue consultada sobre las recientes reuniones mantenidas con las plataformas Stop Biometano CLM y Stop Ganadería Industrial. La consejera destacó que estas organizaciones han presentado sus observaciones al borrador y las invitó a contribuir con más sugerencias cuando el texto sea publicado para mejorar la normativa.
La necesidad de tratamiento de materia orgánica
La consejera subrayó que no se puede restringir la decisión empresarial y que es fundamental tratar más de 15 millones de toneladas de materia orgánica generadas en la Comunidad Autónoma, incluyendo alpechines, alperujos, pinazas, estiércoles ganaderos, lodos de depuradora y pajas. Gómez recordó que la UE prohíbe que estos residuos se destinen al vertedero, lo que implica un incumplimiento de la normativa vigente.
Objetivos del futuro decreto
El futuro decreto, actualmente en fase de borrador interno, tiene como objetivo convertir a Castilla-La Mancha en la única región que legislará sobre este tema. Gómez aseguró que la normativa busca ser rigurosa y garantizar la correcta instalación de estas plantas, las cuales se consideran esenciales para valorizar y eliminar la materia orgánica generada.
Proceso participativo y alegaciones
El proceso participativo concluirá el 3 de julio, tras lo cual se abrirá un periodo de información pública de 30 días. Durante este tiempo, se podrán presentar alegaciones al texto. La consejera indicó que se establecerá un periodo de adaptación para que los proyectos en fase de borrador cumplan con los nuevos requisitos establecidos.
Condiciones para la instalación de plantas
Gómez enfatizó que, si no se cumplen las condiciones, como la obtención de un certificado favorable del pleno del ayuntamiento correspondiente, los proyectos se rechazarán. Además, durante el periodo de adaptación, no se aprobarán nuevas plantas.
Por último, la consejera destacó que al menos el 80% de la materia orgánica que reciban las plantas debe proceder de un radio de 35 kilómetros, reservando solo el 20% para residuos externos. Se dará prioridad a los proyectos que estén asociados con la industria agroalimentaria o ganadera que necesite eliminar sus propios residuos.