El pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha tomado una decisión relevante este viernes al aprobar, con la abstención del Partido Popular (PP) y el rechazo de Vox, una moción de apoyo al colectivo LGBTI presentada por el Grupo Municipal Socialista. Esta iniciativa, que coincide con la celebración del Orgullo, incluye la propuesta de izar la bandera arcoíris en el Consistorio.

Reacciones del Grupo Socialista

La concejala del Grupo Socialista, María Díaz, ha expresado su descontento con la actitud del alcalde, quien ha solicitado un informe para evitar la colocación de la bandera. «Pedimos que se cumpla el acuerdo adoptado en el pleno y se ponga la bandera», declaró Díaz, recordando que el Tribunal Supremo ha respaldado en dos ocasiones la exhibición de la bandera arcoíris en edificios públicos durante las celebraciones del Orgullo.

Díaz agregó que «no hay ningún impedimento legal» para colocar la bandera o una pancarta y pidió al equipo de Gobierno, compuesto por el PP y Vox, que reafirmara su compromiso con la comunidad LGTBI, condenara la discriminación y los discursos de odio, y colaborara con las asociaciones que trabajan en defensa de estos derechos. «Es fundamental proteger a quienes todavía sufren insultos, rechazo o agresiones por ser quienes son», afirmó la edil.

Postura del PP respecto a la enmienda

Por su parte, la concejal de Sanidad y Discapacidad, Julia González, ha lamentado que los socialistas no hayan aceptado una enmienda del Grupo Municipal Popular que, según ella, «no cuestionaba la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, ni los derechos de las personas LGTBI, ni la necesidad de condenar cualquier forma de intolerancia, discriminación, acoso o violencia».

González defendió que el PP reafirmaba su compromiso con «la dignidad de todas las personas y la igualdad de trato», además de condenar «cualquier manifestación de intolerancia, acoso o violencia» hacia el colectivo. La concejala destacó que la diferencia entre ambas propuestas radica en el uso de banderas o símbolos en los espacios oficiales del Ayuntamiento, argumentando que «los edificios municipales representan a todos los vecinos».

Apoyo del PP a la moción de Vox

En otro orden de cosas, el PP respaldó una moción de Vox que solicita a los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha la implementación del principio de «prioridad nacional». Gelen Delgado, viceportavoz del equipo de Gobierno y miembro del PP, justificó su apoyo al señalar que la «inacción y falta de planificación del Gobierno de España» en materia de inmigración ha dejado a los ayuntamientos sin los recursos necesarios para afrontar la demanda.

Delgado subrayó que la presión sobre los servicios sociales municipales «no se resuelve con discursos ideológicos», sino exigiendo al Gobierno de España una financiación local adecuada y una política migratoria responsable. «Debemos priorizar de forma legal, transparente y ponderada a aquellos ciudadanos que demuestren un arraigo histórico y una contribución previa o continuada al sostenimiento de nuestra comunidad local», añadió.

Defensa de Vox sobre la moción de prioridad nacional

El portavoz del Grupo Municipal Vox argumentó que el actual Estado de bienestar está atravesando «una profunda crisis» debido a la ineficaz gestión de los gobiernos anteriores, que no han logrado garantizar la calidad de los servicios públicos a pesar de la elevada carga fiscal. «La inmigración masiva ha tensionado hasta extremos insostenibles los servicios públicos», señaló, advirtiendo que este fenómeno ha impactado negativamente en la seguridad ciudadana y en la convivencia.

La moción, que contó con el apoyo del PP, pide al Gobierno central que detenga el proceso de regularización de inmigrantes en situación irregular y establezca la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, servicios públicos y programas de vivienda. Además, se propone la «remigración» de extranjeros que, según el texto aprobado, «no contribuyan con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional».

El acuerdo también contempla la derogación del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos para las personas extranjeras que no tengan residencia legal en España.