La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo se prepara para llevar a cabo el juicio de seis personas acusadas de tráfico de personas con fines de explotación sexual. Los días 7 y 8 de enero, se juzgará a O.O.O.R., J.J.R., A.K.P.N., G.A.O.G., L.M.M.L y J.A.F.M., quienes están implicados en la llegada a España de siete mujeres desde Colombia. Este proceso judicial fue suspendido anteriormente en septiembre, en su primera convocatoria.

Detalles del caso

Según el documento de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, O.O.O.R. y A.K.P.N., que mantenían una relación sentimental similar a la conyugal, viajaron a Toledo para llevar a cabo sus actividades ilícitas. En colaboración con sus hermanos J.J.R. y G.A.O.G., también acusados, implementaron un plan para obtener beneficios económicos a partir de la prostitución de mujeres jóvenes de La Virginia, un municipio colombiano donde residían los acusados.

El contacto con las víctimas

En mayo de 2019, y bajo un esquema de roles establecido por O.O.O.R., J.J.R. contactó a una amiga, identificada como B., para ofrecerle la oportunidad de trasladarse a España con el objetivo de ejercer la prostitución. La propuesta incluía el adelanto de los costos de viaje, que abarcaba desde la obtención de un pasaporte hasta los billetes de avión, además de 1.000 euros en efectivo para aparentar solvencia económica al ingresar al país.

Condiciones impuestas

A cambio de esta oferta, B. debía asumir una deuda de 3.000 euros con O.O.O.R., que debía ser pagada con las ganancias de su actividad como prostituta, una suma considerablemente mayor que los gastos iniciales. Este patrón se replicó con otras mujeres, como C., D., E., G., H., J. y L., algunas de las cuales ingresaron a España a través de rutas alternativas en Francia y Alemania para eludir los controles fronterizos en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

Explotación en múltiples localidades

Las víctimas no solo ejercieron la prostitución en un piso en Toledo, sino también en otras ciudades como Parla, Cuenca, Albacete y Algeciras. Ellas recibieron instrucciones sobre cómo promocionar sus servicios y se les impusieron gastos de alojamiento de 150 euros semanales, una cantidad considerada «excesiva y desproporcionada» por la Fiscalía. Además, las mujeres debían transferir dinero desde locutorios bajo órdenes de los acusados.

Actividades delictivas adicionales

Los acusados también se involucraron en la venta de cocaína a clientes durante los encuentros sexuales, asegurando un suministro constante de esta sustancia en las viviendas utilizadas para la prostitución.

Denuncia y apoyo a las víctimas

El 8 de diciembre de 2019, B. se presentó de manera voluntaria en la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Toledo para denunciar su situación de explotación. Fue atendida por miembros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, quienes, al considerar veraz su relato, le tomaron declaración y la protegieron bajo una identidad secreta. B. recibió asistencia y fue acogida en un recurso residencial del Centro de la Mujer de Toledo, desde donde fue trasladada al Centro de Atención y Valoración Integral.