El debate en las Cortes de Castilla-La Mancha del pasado jueves se vio marcado por el rechazo a la propuesta presentada por Vox, que solicitaba al Gobierno regional establecer un criterio de prioridad nacional para el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. Esta iniciativa fue desestimada con los votos en contra de los grupos parlamentarios del PP y PSOE.
La propuesta de Vox y su contenido
Vox exigió que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas en Castilla-La Mancha se basara en el principio de prioridad nacional, priorizando la asignación de recursos a aquellos con un arraigo real y verificable en la región. Además, la propuesta incluía la exclusión del acceso a servicios sociales para personas en situación irregular, permitiendo su acceso solo en casos de urgencia vital.
Rechazo a la propuesta del PP
Por su parte, el Partido Popular también vio cómo su propuesta era rechazada. En ella, el PP pedía instar al Gobierno regional a promover el acceso a subvenciones y prestaciones públicas bajo el mismo principio de prioridad nacional, sugiriendo un establecimiento de un período mínimo de arraigo y vinculación con el territorio, así como la conexión del acceso a ayudas con la trayectoria de cotización y permanencia.
La postura del PSOE
El PSOE, en un debate que terminó en empate técnico con el PP, vio caer su propuesta, que rechazaba los acuerdos entre el Partido Popular y Vox en diversas administraciones. En su argumentación, el PSOE defendió que estas medidas discriminan a las personas migrantes y son contrarias al ordenamiento jurídico español.
Inmigración como parte de la solución
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García, fue la primera en intervenir, destacando que el 79 por ciento de los 919 municipios de Castilla-La Mancha se encuentran en áreas con escasa población o en riesgo de despoblación. García afirmó que «la inmigración no es un problema, sino parte de la solución» para la despoblación.
La consejera subrayó que la llegada de personas migrantes ha sido crucial para mantener la población y los servicios en muchos pueblos, mencionando la importancia de estos trabajadores en sectores como la agricultura, la logística y la hostelería. También aportó cifras sobre el crecimiento poblacional, señalando que entre 2021 y 2024, la región ha registrado un saldo migratorio positivo de 15.423 personas.
La visión del Gobierno de Castilla-La Mancha
García instó a Vox a reconsiderar su enfoque, enfatizando la importancia de gestionar el territorio de manera responsable y garantizar los derechos universales de todos los ciudadanos. Recordó momentos históricos de emigración de los castellanomanchegos hacia Alemania y la solidaridad de aquellos que enviaban dinero a sus familias desde Europa.
Vox y su crítica hacia la inmigración
El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, posicionó a Castilla-La Mancha como una de las regiones «más golpeadas» por la «inmigración masiva», argumentando que esta situación perturba la paz social. Moreno presentó cifras sobre el Ingreso Mínimo Vital, señalando que en varias provincias, más del 20 por ciento de los beneficiarios son extranjeros, destacando datos específicos de Toledo, Guadalajara y Cuenca.
Moreno argumentó que «la inmigración en España consume más recursos de los que aporta», apoyando su afirmación con estudios científicos. Asimismo, pidió que se audite el gasto público en Castilla-La Mancha para evaluar el impacto de la inmigración ilegal en la sanidad pública, cuestionando la posición del Partido Socialista al respecto.