Este jueves, el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha ha sido aprobado en las Cortes regionales, luego de que se rechazaran 41 enmiendas propuestas por los partidos de la oposición, incluyendo 12 de Vox y 29 del Partido Popular (PP).
Beneficios de la nueva ley
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha destacado que el principal objetivo de esta ley es promover el establecimiento y la sostenibilidad de las farmacias en el medio rural, atendiendo las necesidades de la población en áreas con baja densidad poblacional y riesgo de despoblación, especialmente en localidades con menos de 1.500 habitantes.
Fernández ha subrayado que la legislación «no agota las actividades que pueden desarrollar los profesionales farmacéuticos», sino que regula con mayor seguridad jurídica su situación de jubilación activa o parcial, además de garantizar sus derechos y deberes en cuanto a la conciliación de la vida familiar.
Mejoras en la asistencia farmacéutica
La norma también mejora la regulación de la asistencia farmacéutica en los centros penitenciarios de la región y adapta la normativa autonómica a la estatal en lo relativo a la dispensación y uso de medicamentos veterinarios, que no estaban contemplados en la legislación anterior.
En cuanto a la distancia mínima entre oficinas de farmacia, que actualmente es de 50 metros, se permitirá que sea inferior hasta un límite de 150 metros, un aspecto que se regula de manera similar en otras comunidades autónomas, según ha explicado el consejero.
Datos sobre farmacias en Castilla-La Mancha
La región cuenta con un total de 1.289 oficinas de farmacia, que prestan servicio a aproximadamente 2,1 millones de habitantes, lo que resulta en una media de una oficina por cada 1.650 personas. Además, hay 267 botiquines situados en localidades con menos de 500 habitantes, tal como ha informado el titular de Sanidad.
Críticas de Vox
El diputado de Vox, Iván Sánchez, ha expresado su desacuerdo con el proyecto, argumentando que incurre en «una deficiencia técnica legislativa». Según él, las enmiendas de su partido, que no tienen «matiz político», buscan «modernizar y mejorar las definiciones» de la norma, adaptando «el lenguaje legal a la realidad del paciente y del usuario».
Vox aboga por «proteger los derechos tanto del profesional como del paciente, reforzar el papel asistencial del farmacéutico, acercar la atención de proximidad y dar seguridad jurídica al sector». Sánchez ha defendido «la farmacia como un servicio esencial», resaltando la necesidad de una sanidad al servicio de los ciudadanos.
Postura del PP
El diputado del PP, Juan Antonio Moreno Moya, ha defendido algunas de sus 29 enmiendas, que incluyen temas como la atención farmacéutica en los centros penitenciarios y el desarrollo de la atención farmacéutica domiciliaria. Durante su intervención, ha criticado al PSOE por «limitar la comunicación entre médicos y farmacéuticos», especialmente en el caso de pacientes crónicos.
Moreno Moya ha destacado que casi «el 99% de la población dispone de una oficina de farmacia donde se realiza el control rutinario de parámetros como la glucosa o los triglicéridos», lo que facilita la detección precoz de enfermedades. Sin embargo, ha lamentado el tiempo de espera para realizar analíticas, argumentando que el Gobierno regional «se niega a que se haga en una farmacia».
Reacciones del PSOE
Ángel Tomás Godoy, diputado del PSOE y encargado de defender el dictamen de la ley, ha respondido a las críticas señalando que la propuesta es «eminentemente técnica», aunque reconociendo ciertos matices políticos. Godoy ha reprochado a Vox su rechazo al lenguaje inclusivo, así como su enmienda sobre la objeción de conciencia, un asunto que, según él, está resuelto desde hace dos décadas.
El parlamentario del PSOE ha manifestado su intención de ser «absolutamente transparente» con el PP, a quien ha acusado de no tener «voluntad negociadora», sugiriendo que ha perdido «una oportunidad de oro» para colaborar en la mejora de la ley.