El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha puesto en duda que sea el órgano competente para estudiar el caso del cierre de grada del Rayo Vallecano, recurrido por aficionados ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado diez días a las partes y al Ministerio Fiscal para que presenten sus alegaciones.
La decisión se refiere a la sanción impuesta por el lanzamiento de objetos durante el partido que enfrentó al Rayo con el Athletic Club el pasado 10 de octubre. El Comité de Disciplina de la RFEF acordó el 14 de octubre clausurar durante un encuentro el fondo del Estadio de Vallecas situado sobre la zona de vestuarios.
El TSJM consulta qué tribunal debe asumir el caso
La providencia plantea que el procedimiento podría corresponder al Tribunal de Instancia, Sección de lo Contencioso-Administrativo, al tratarse de una cuestión relacionada con la disciplina deportiva. La Sala cita para ello el artículo 7.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El trámite no equivale todavía a una declaración de incompetencia. Tampoco resuelve el contenido de la demanda: antes, el tribunal escuchará a quienes intervienen en el procedimiento y al Ministerio Fiscal.
Los aficionados reclaman anular la sanción
La demanda la presentó el abogado Javier Flores en nombre de la Federación Madrileña de Peñas del Rayo Vallecano, diez peñas y 22 abonados de la zona afectada. El recurso se registró mediante el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona.
Los demandantes sostienen que el cierre supone un «castigo colectivo», porque deja sin acceso a sus localidades a abonados a los que no se atribuye ninguna conducta irregular. En su escrito alegan posibles vulneraciones del principio de legalidad y de personalidad de las sanciones, la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y la igualdad.
Como petición principal, solicitan que se declare que la RFEF vulneró los derechos fundamentales de los afectados y que se anule la clausura. De forma subsidiaria, piden que se concreten los bloques afectados después de escuchar a los abonados y revisar las grabaciones del encuentro.