La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha planteado refundar la Agencia Tributaria durante su XXXVI Congreso, celebrado en Toledo. La organización propone aprobar un Estatuto que blinde la independencia del organismo, establezca una dirección estable bajo control parlamentario y garantice medios suficientes.
Los inspectores también defienden cambiar el modelo de control para concentrarlo en el fraude más grave y dotar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de más instrumentos contra la corrupción. La asociación sostiene que el organismo atraviesa una situación crítica.
Una agencia con menos independencia
En el documento presentado con motivo del congreso, la IHE asegura que la AEAT ha perdido autonomía frente al poder político. Su portavoz, José María Peláez, ha denunciado la sucesión de episodios de utilización política de la Agencia.
La asociación vincula esa pérdida de independencia con la política de recursos humanos y con determinadas líneas de comunicación. En su opinión, la imagen del organismo se deteriora cuando los ciudadanos perciben que no aplica el mismo nivel de exigencia a las personas más ricas y poderosas.
Entre los riesgos señalados figura una posible fragmentación derivada de la posición del Gobierno sobre Cataluña. Los inspectores advierten de que afectaría a la gestión de los impuestos, la lucha contra el fraude y prestaciones que la AEAT administra en todo el territorio, como las deducciones anticipadas para madres trabajadoras y familias numerosas.
Como alternativa, IHE propone crear un Consejo Asesor de la Agencia Tributaria con presencia de todas las Administraciones que comparten los ingresos recaudados por el organismo.
Un nuevo control frente al fraude
La asociación plantea extender a toda la AEAT el modelo de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Su propuesta pasa por reunir en un único Departamento de Control las competencias que ahora se distribuyen entre Gestión, Inspección y Aduanas.
También reclama una Oficina Nacional Antifraude para abordar de forma conjunta el fraude fiscal organizado, el contrabando y el blanqueo de capitales relacionado. De ella dependería una policía fiscal formada a partir de unidades operativas del Servicio de Vigilancia Aduanera y con funciones de policía judicial en investigaciones por delitos fiscales, de contrabando y económicos.
Respecto a las oposiciones, IHE acepta revisar temarios, acortar los plazos y mejorar la formación, pero rechaza rebajar la exigencia de las pruebas. Según Peláez, «Nos ha salvado la campana de la convocatoria electoral», en referencia a la convocatoria de los procesos selectivos.