​El Ayuntamiento de Toledo ha aclarado este miércoles que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no subirá en el año 2025 pero que sí que lo hará el impuesto de basuras para dar cumplimiento de la ley nacional de residuos.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios el portavoz del equipo de Gobierno, Juan José Alcalde, quien ha defendido que el Gobierno capitalino está haciendo un plan de modernización fiscal «cumpliendo la ley que nos impone a nivel nacional».

«Nos obliga el Gobierno central a modificar las tasas de la basura», ha sostenido Alcalde, para agregar que la subida se llevará en base a una ley de residuos que hay que cumplir en abril de 2025 aunque no será tanto como dicen los informes técnicos», ha subrayado.

Es por ello por lo que tras afirmar que es «un problema importante» para todos los municipios de España, ha añadido que los servicios técnicos del Ayuntamiento están trabajando para hacer «la mejor tasa posible» y que «no afecte gravemente» a los toledanos.

El portavoz ha especificado que antes de modificarse esta tasa solo se tenía en cuenta el valor catastral de la vivienda y ahora se tendrá en cuenta el número de personas que viven en el domicilio. No obstante, ha indicado que el Ayuntamiento ha establecido que las familias que pasen de cuatro empadronados pagarán lo mismo que las que tienen cuatro personas viviendo en el inmueble.

AL LADO DE LOS MÁS VULNERABLES

Todo ello, ha añadido, para estar del lado de las familias más vulnerables o aquellas que tienen personas dependientes a su cargo en sus casas. «Es una forma de beneficiar a esas familias», ha señalado, para agregar que la ordenanza está «muy trabajada» y que al equipo de Gobierno toledano de hubiera gustado no tener que hacer esta subida.

Respecto a los plazos para aprobar las ordenanzas fiscales, Alcalde ha señalado que los grupos municipales ya las poseen desde la semana pasada y tienen hasta el día 15 para presentar alegaciones. Además, este mismo viernes se explicarán en el Consejo de Asociaciones Vecinales.

Así, tras presentarse esas alegaciones tendrá lugar una Comisión de Hacienda y a finales de este mes se aprobarán inicialmente en el pleno para ir a exposición pública. «A finales de noviembre termina el plazo para las alegaciones que quieran presentar empresarios, asociaciones o vecinos y el objetivo es aprobarlas definitivamente en diciembre para que entren en vigor el día 1 de enero».