Las Plataformas Ciudadanas Stop Biometano de Castilla-La Mancha han alzado la voz en contra de lo que consideran un intento de la Junta de imponer un modelo de macroplantas de biometano y macroganadería industrial sin tener en cuenta las opiniones de los pueblos. Este colectivo ha solicitado la suspensión cautelar del Plan Regional de Biometanización 2024-2030 y una revisión detallada y legalmente fundamentada de las 15.071 alegaciones que se han presentado en relación a este plan.
Demandas de las plataformas ciudadanas
En una reciente nota de prensa, las plataformas han pedido la apertura de investigaciones que aborden posibles irregularidades y conflictos de interés, así como la necesidad de realizar una evaluación independiente y rigurosa, libre de vínculos empresariales. Además, exigen un marco regulador estricto que garantice la protección del medio ambiente, la salud pública y la autonomía municipal.
Desconexión entre el Gobierno y los pueblos
Las organizaciones alertan que la respuesta ofrecida por la consejera, Mercedes Gómez, no resuelve el conflicto, sino que lo agrava al evidenciar una desconexión alarmante entre el Gobierno regional y las realidades sociales de las comunidades afectadas. Aseguran que continuarán fortaleciendo su coordinación regional y movilizando a la ciudadanía para oponerse a un modelo que consideran nocivo para el mundo rural.
Críticas a la respuesta de la consejera
Las plataformas han criticado la respuesta de la consejera, que según ellos, no aborda las alegaciones de manera adecuada. En lugar de ofrecer respuestas técnicas y jurídicas pertinentes, consideran que se limita a defender un modelo industrial muy cuestionado, que presenta riesgos ambientales y territoriales. Asimismo, denuncian que la Junta ignora sus preocupaciones, brindando respuestas genéricas y vacías que no cumplen con las normativas europeas y españolas en materia de participación pública y transparencia.
Vulneración del derecho a la participación
Argumentan que afirmar que «todas las cuestiones ya han sido contestadas» sin evaluar individualmente las miles de alegaciones es una violación inaceptable del derecho a la participación ciudadana. Desde el Grupo Regional, señalan que la Junta no está escuchando a la ciudadanía, sino que intenta imponer un plan que favorece intereses empresariales específicos mientras convierte a los pueblos en «zonas de sacrificio ambiental».
Impactos ignorados en el Plan
Las plataformas también han señalado que la Declaración Ambiental Integrada del Plan, publicada el 12 de febrero, omite aspectos críticos. Entre ellos, los impactos acumulativos de la posible instalación de entre 80 y 100 macroplantas en la región, los riesgos para los acuíferos ya amenazados por nitratos, y la falta de garantías sobre el tratamiento del digestato. Además, advierten sobre los riesgos para la salud pública que conllevan las emisiones contaminantes y los olores asociados a las macrogranjas industriales.
Conflictos de interés en la elaboración del Plan
Las plataformas han expresado su preocupación por la falta de respuesta clara de la consejera sobre las denuncias de posibles conflictos de interés en la elaboración del Plan Regional y su Estudio Ambiental Estratégico, que han sido realizados por entidades vinculadas al sector del biogás. Esto, afirman, cuestiona la independencia y legitimidad del proceso.
Una amenaza para el mundo rural
Las organizaciones subrayan que Castilla-La Mancha enfrenta una amenaza sin precedentes al transformarse amplias zonas rurales en enclaves industriales destinados a la gestión de residuos, lo que podría tener graves repercusiones para la agricultura tradicional, el turismo rural, la calidad de vida y la salud de la población. «No aceptaremos que nuestros municipios se conviertan en vertederos industriales ni que se ponga en riesgo nuestra salud y futuro bajo el pretexto de una falsa sostenibilidad», afirman.
Exigencias a la Junta
Asimismo, critican las recientes declaraciones de la consejera, quien afirmó que los ayuntamientos podrían decidir sobre la instalación de estas plantas en sus territorios. Las plataformas exigen que los informes socioeconómicos que se emitan sean vinculantes y que los ayuntamientos tengan un poder real de decisión para evitar que el suelo rústico se transforme en industrial sin su consentimiento.