La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha respondido por carta a las solicitudes de las plataformas ciudadanas STOP Biometano en la región. En esta comunicación, la consejera busca aclarar los detalles del Plan Regional de Biometanización que el Gobierno autonómico está desarrollando con el horizonte en 2030.
Detalles del Plan Regional de Biometanización
Gómez ha manifestado su «máximo respeto» por las aportaciones recibidas durante los procesos de participación pública relacionados con este plan. En su misiva, ha abordado temas como la ampliación de la distancia mínima de las plantas a núcleos poblacionales, su localización, la distancia entre las mismas y la oposición vecinal en algunas áreas.
A pesar de que la consejera sostiene que todas las cuestiones planteadas ya han sido respondidas, reconoce que «cada una de ellas daría para un debate amplio y muchas veces no concluyente». Sin embargo, subraya que las tramitaciones de las plantas tendrán que someterse a «una tramitación ambiental muy rigurosa».
Requisitos adicionales en el proceso de autorización
Mercedes Gómez ha indicado que se requieren exigencias adicionales que están detalladas en el Plan Regional. Entre ellas se destacan las distancias a viviendas, el transporte y almacenamiento de residuos orgánicos, así como las zonas con protección ambiental. Durante el trámite de Información Pública y Consultas a las Administraciones Interesadas, se tendrá en cuenta toda información sobre los posibles problemas que estas instalaciones pudieran generar al medio ambiente o a la salud de las personas, lo que influirá en la decisión de autorización definitiva.
Informes municipales y licencias necesarias
La consejera subraya que los ayuntamientos afectados deben emitir dos informes: uno sobre compatibilidad urbanística y otro que evalúe la afección socioeconómica y los efectos acumulativos del proyecto en relación con otras actividades relevantes en el municipio. Una vez completada la tramitación ambiental, se deberá conceder la licencia de obra y la licencia de actividad, siempre que la instalación cumpla con los requisitos establecidos por la normativa municipal. «Así, la autonomía local para decidir sobre su desarrollo queda absolutamente salvaguardada en todo momento», añade.
Obligaciones de las plantas de biometano
El Plan también establece distancias mínimas a las poblaciones y demanda la presentación de un estudio odorífero que asegure que los olores y emisiones generados no afecten a las áreas cercanas. Además, se requiere que los residuos sean almacenados en recintos cerrados con presión negativa y biofiltros, así como que se definan rutas de transporte que eviten el paso de vehículos por poblaciones.
Control de emisiones y medidas preventivas
Respecto a la emisión de gases, la consejera enfatiza que hay un control estricto sobre las emisiones de metano y otros gases, no solo por los requisitos medioambientales y sanitarios, sino también porque la comercialización de estos gases representa una fuente importante de ingresos para las plantas. Por lo tanto, se asegura que las instalaciones no expondrán a las personas a gases tóxicos, contaminantes o aerosoles con patógenos, refutando así los argumentos presentados por las plataformas.
Para prevenir la emisión de amoníaco, el plan establece la obligación de cubrir completamente las balsas y que los sustratos líquidos se almacenen en tanques herméticos con sistemas cubiertos. En cuanto al digestato generado en la gestión de residuos, Gómez aclara que «basta con comprobar que los digestores funcionan con bacterias vivas y que si los subproductos utilizados para producir biogás tuvieran sustancias nocivas, estas bacterias morirían e impedirían el funcionamiento de las plantas».
Guía de buenas prácticas para proyectos de biogás
Finalmente, la consejera menciona la Guía de Buenas Prácticas para la Implantación de Proyectos de Biogás y Biometano, elaborada por el IDAE. Esta guía incluye siete líneas fundamentales que comienzan por el «diálogo, transparencia, comunicación y participación ciudadana», promoviendo procesos abiertos que aseguren la implicación de la población local desde las fases iniciales.
Asimismo, se abordan otros aspectos como el compromiso medioambiental, los beneficios para la comunidad, el emplazamiento adecuado de las plantas, la gestión eficiente de los residuos, el almacenamiento seguro de materias primas, la gestión efectiva del digerido y la seguridad y control. «Estamos asistiendo a una revolución energética y económica, con un contexto geopolítico incierto que nos exige aumentar nuestra autonomía energética y respecto al uso de fertilizantes orgánicos. Vamos a seguir trabajando», concluye Mercedes Gómez.