Este 2026, el real decreto del Ejecutivo central que restablece la atención a inmigrantes en situación irregular ha sido objeto de un intenso debate en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. Durante la sesión, Vox ha solicitado su derogación y ha demandado «combatir» el fenómeno del turismo sanitario en el Sistema de Salud de la región. Por otro lado, el Partido Popular (PP) ha advertido sobre una sanidad «al límite», mientras que el PSOE ha defendido la universalidad de la atención sanitaria establecida por el nuevo decreto.
Debate en las Cortes sobre la sanidad en Castilla-La Mancha
El portavoz de Vox en el Parlamento, Iván Sánchez, fue el primero en tomar la palabra para abordar la situación del Servicio Nacional de Salud y su impacto en Castilla-La Mancha. Durante su intervención, Sánchez advirtió que «la inmigración masiva» representa un riesgo para la sostenibilidad del sistema sanitario y conlleva «un elevadísimo coste» para los españoles.
«No se puede aceptar que, tras el esfuerzo realizado por nuestros padres y abuelos para construir este sistema, ahora sea saqueado por personas que ingresan de manera ilegal a nuestro país», afirmó el parlamentario de Vox. Además, resaltó que «no es justo que los españoles sean siempre los últimos en recibir atención sanitaria de calidad, lo que les obliga a recurrir a la sanidad privada ante la incapacidad de la pública». Este «deterioro», según Sánchez, afecta tanto a los pacientes como a los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).
El portavoz de Vox describió la sanidad pública como «colapsada y abandonada», con citas para atención que se programan para dentro de meses. «Nuestros vecinos sienten que la sanidad está más deteriorada que nunca, consecuencia de la mala gestión del Gobierno de Emiliano García-Page», señaló.
En su argumentación, Sánchez insistió en que ni Castilla-La Mancha ni el resto de España pueden ser «el hospital del mundo», ya que «esto tiene un coste» y los españoles «deben ser la prioridad en el acceso al sistema nacional de salud, por el cual están pagando».
El PP critica la gestión sanitaria del PSOE
La secretaria general del PP en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, también se pronunció sobre el tema, afirmando que la sanidad de la región está «al límite», una situación que atribuyó a la «nefasta» gestión del PSOE. Agudo subrayó que «la sanidad en Castilla-La Mancha no está tensionada, está desbordada».
En este contexto, y con cerca de 100.000 pacientes en lista de espera en la sanidad pública, Agudo reprochó al Partido Socialista que apoye «el último disparate del señor Pedro Sánchez», en referencia al real decreto que reintegra la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular. «Desde el Partido Popular lo decimos claro: atender al que lo necesite, sí; pero convertir la irregularidad en un derecho automático, nunca», afirmó.
Agudo explicó que «una cosa es atender una urgencia y otra otorgar un derecho a una persona en situación irregular sin recursos y sin planificación», aludiendo a que «eso no es solidaridad, sino populismo sanitario». También criticó la irresponsabilidad de incentivar la inmigración irregular bajo la premisa de universalidad, advirtiendo que generaría más presión sobre un sistema ya colapsado.
Finalmente, cuestionó al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por no enfrentarse al Gobierno nacional y no exigir que el real decreto venga acompañado de una financiación adecuada para la región.
El PSOE defiende los derechos a la atención sanitaria
Por su parte, el diputado socialista José Antonio Contreras respondió a las críticas del PP, manifestando que es contradictorio abogar por la atención a todos y, al mismo tiempo, dejar a algunos fuera del sistema. «Garantizar el acceso de las personas migrantes a la atención sanitaria y sociosanitaria es, ante todo, una cuestión de derechos», enfatizó, afirmando que el bienestar de quienes llegan al país forma parte del derecho a la salud.