El Gobierno español ha reafirmado su «pleno compromiso» con la organización del Mundial masculino de fútbol de 2030, enfatizando su dedicación tanto a la dimensión deportiva del evento como a los principios de respeto a los derechos humanos, sostenibilidad e inclusión social. Esta declaración surge en respuesta a las inquietudes manifestadas por Sumar, socio de izquierda del Gobierno, en relación a la represión de las protestas ocurridas en Marruecos durante el pasado verano.
Respuesta del Gobierno a las inquietudes de Izquierda Unida
La respuesta del Ejecutivo se produce tras una pregunta escrita presentada por los diputados de Izquierda Unida, Enrique Santiago y Toni Valero. En su consulta, los parlamentarios solicitaban al Gobierno que se pronunciara sobre la coherencia de la participación de España, junto con Marruecos y Portugal, en el Mundial de Fútbol, así como sobre las medidas adoptadas para garantizar el respeto a los derechos humanos, especialmente tras las limitaciones al derecho de manifestación y las «detenciones sistemáticas» en Marruecos.
Compromiso con los derechos humanos
Según el Gobierno, a través de un comunicado al que tuvo acceso Europa Press, España está profundamente comprometida con la organización del Mundial, tanto desde una perspectiva deportiva como en lo que respecta a los derechos humanos, la sostenibilidad y la inclusión social. En este sentido, el Ejecutivo destaca la reciente creación de la Comisión Interministerial y la implementación del II Plan de Derechos Humanos, así como las garantías aprobadas el 30 de julio, como reflejos de este compromiso, con la esperanza de que el evento se convierta en «un referente positivo para el deporte y la sociedad en su conjunto».
Protección y promoción de los derechos humanos
El Gobierno también resalta que este «firme compromiso» con la protección y promoción de los derechos humanos se extiende a todos los ámbitos de su acción política, tanto a nivel nacional como internacional. En su declaración, recuerda que España, como miembro activo de la Unión Europea y conforme a la legalidad vigente, trabaja constantemente para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos.
Además, el Ejecutivo sostiene que España «se compromete» a defender los derechos humanos mediante la firma y participación en numerosos tratados, convenios y normativas, tanto a nivel internacional como nacional, asegurando así la plena observancia de los derechos fundamentales y las libertades públicas en todas las áreas de su gestión.