La mayoría socialista ha aprobado la proposición de ley de suelo y vivienda de Castilla-La Mancha frente al rechazo de PP y Vox. La norma incorpora medidas para movilizar terrenos, aumentar la oferta protegida y reducir hasta un 50% los plazos de determinados procedimientos urbanísticos.

Entre sus principales medidas figura la posibilidad de que los ayuntamientos liciten suelo público hasta un 50% por debajo del precio de mercado cuando se destine a vivienda sometida a protección pública. También se permitirá promover vivienda pública en edificios vacíos propiedad de la Junta u otras administraciones.

Más suelo y vivienda protegida

La norma eleva en un 20% el número máximo de viviendas que puede acoger un terreno cuando así lo permita la regulación urbanística. Asimismo, contempla el uso de suelo terciario y dotacional privado para construir vivienda protegida sin modificar previamente el planeamiento, una tramitación que, según explicó el diputado socialista Álvaro Toconar, puede retrasar los proyectos durante meses o años.

Los planes de regeneración urbana podrán utilizarse para actuar en barrios y ayudar a familias a mejorar sus viviendas. La ley añade también la opción de aprobar planes especiales que transformen suelo rústico en urbanizable.

Toconar definió la iniciativa como «rápida y ágil» y defendió que los cambios deben favorecer la llegada de proyectos de desarrollo socioeconómico a las zonas rurales. En ese ámbito, el texto permite utilizar hasta el 50% del suelo rústico.

PP y Vox cuestionan la norma

El diputado de Vox Francisco Cobo calificó la ley de «un parche más» y reclamó un único «texto de referencia, no 20 o 22». A su juicio, la propuesta no reduce la burocracia y puede generar problemas de interpretación. Vox también planteó que las viviendas se asignen con «prioridad nacional».

El PP aseguró que no se opone a construir más viviendas, pero sí cuestionó las fórmulas previstas para aumentar la edificabilidad y la capacidad de la Junta para actuar sobre parcelas sin contar con los ayuntamientos. Su diputado Nacho Redondo advirtió de que algunos asuntos podrían terminar en los tribunales y reprochó al PSOE que la norma llegue tarde.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, pidió a los populares que no conviertan la ley en una disputa vinculada a la convocatoria electoral. «Los españoles nos pagan para que nos pongamos de acuerdo», afirmó, antes de defender una aprobación compartida para ofrecer más seguridad jurídica.