Las ayudas agrícolas por heladas han centrado este jueves una iniciativa del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, después de los daños sufridos por explotaciones de Casas de Haro y su comarca. El Gobierno regional ha defendido que las pérdidas ya fueron compensadas mediante los seguros agrarios.
La proposición no de ley plantea medidas adicionales por una helada registrada el 30 de marzo y una granizada ocurrida a finales de abril. La diputada del PP Ana Cantarero ha cifrado la superficie afectada en 500 hectáreas de almendros y 1.500 de viñedo, con pérdidas estimadas de 1.000 toneladas de almendra y tres millones de kilos de uva, además de otros cultivos.
El PP pide más apoyo para las explotaciones
El grupo popular ha reclamado ayudas directas, ventajas fiscales, préstamos sin intereses y cambios en los seguros agrarios. Vox ha respaldado esas medidas y ha solicitado que se aceleren las indemnizaciones, se reduzca la burocracia y se reparen las infraestructuras agrarias dañadas.
El consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, ha respondido que Agroseguro ya ha abonado las compensaciones. Según ha explicado, este año se han pagado 18,1 millones de euros en Cuenca y 101 millones en Castilla-La Mancha. También ha defendido los 12 millones que la Junta destina a los seguros agrarios, una cantidad que aumentará en 2027.
El debate ha derivado en una disputa por las diferencias internas del PP de Cuenca. El socialista Ángel Tomás Godoy ha acusado a los populares de utilizar los daños agrícolas para apartar a un alcalde enfrentado con la gestora provincial. Sus palabras provocaron las protestas del presidente de ese órgano, José Antonio Martín Buro, que recibió dos llamadas al orden y una advertencia de expulsión del pleno.
Debate sobre la bandera en los uniformes policiales
Las Cortes también han debatido la posible incorporación de la bandera de España a los uniformes de las policías locales. Vox ha defendido que se trata de una reivindicación de agentes de varios municipios, mientras que PP y PSOE han coincidido en aceptar la medida con respaldo jurídico y respetando la autonomía municipal.
El Gobierno regional ha mostrado su disposición al cambio, aunque el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina ha señalado que la decisión debe abordarse en la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. La resolución socialista salió adelante; las propuestas de PP y Vox fueron rechazadas.
En la misma sesión se debatió la situación de las infraestructuras estratégicas, la vertebración territorial y la competitividad regional. La propuesta del PSOE fue aprobada y las planteadas por PP y Vox no prosperaron.