La ley de vivienda de Castilla-La Mancha ha superado su primer trámite parlamentario después de que las Cortes regionales aprobaran su toma en consideración. El PSOE votó a favor, mientras que PP y Vox optaron por la abstención.

La proposición plantea modificar varios instrumentos normativos para facilitar la creación de vivienda protegida y pública mediante el uso de suelo y patrimonio público. También busca reducir los obstáculos administrativos y urbanísticos que retrasan las promociones residenciales, especialmente en municipios que afrontan el reto demográfico.

El Gobierno regional ofrece un acuerdo a los grupos

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha ofrecido a los tres grupos parlamentarios trabajar juntos sobre el texto. Su objetivo, según expuso, es alcanzar una solución que pueda servir de referencia para el conjunto de España.

Hernando anunció que remitiría una invitación para sentarse con PP, PSOE y Vox y abordar una propuesta que reconoció como compleja. También defendió la financiación regional de las políticas de vivienda y afirmó que Castilla-La Mancha dedica uno de cada cuatro euros de los fondos FEDER a este ámbito.

El diputado socialista Álvaro Toconar pidió a los grupos que comiencen a preparar las enmiendas. Según explicó, la norma permitirá promover vivienda asequible en inmuebles de la Junta y en edificios sometidos a algún régimen de protección pública.

El texto contempla actuar sobre barrios afectados por la infravivienda, la contaminación o el deterioro residencial. También prevé facilitar la participación de empresas privadas, permitir a los ayuntamientos vender suelo público por debajo de su valor de mercado cuando se destine a vivienda protegida y transformar suelo rústico en urbanizable en zonas rurales para ese mismo fin.

PP y Vox cuestionan el alcance de la reforma

Vox respaldó la necesidad de disponer de más suelo y reducir la burocracia, pero rechazó que se haga debilitando el planeamiento y las garantías urbanísticas. Su diputado, Francisco José Cobo, reclamó un debate más profundo sobre la seguridad jurídica, las competencias municipales y la nueva figura urbanística.

El representante del PP, Ignacio Redondo, definió la iniciativa como insuficiente y tardía. A su juicio, no resuelve la situación de los jóvenes que tienen una parcela, licencia y tasas abonadas para construir su primera vivienda en un municipio pequeño.

Redondo pidió aprovechar la tramitación para proteger las ayudas destinadas a esos autopromotores y reclamó a la Junta información sobre el número de viviendas que generará la ley, los municipios beneficiados y las promociones protegidas iniciadas y terminadas.