El Gobierno de Castilla-La Mancha ha emplazado a PP y Vox a presentar alegaciones, a finales de este año, contra la propuesta de planes hidrológicos que prepare el Estado. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha defendido que ese trámite permitirá comprobar si ambos grupos mantienen el Pacto Regional del Agua.
Gómez ha explicado en las Cortes que el Ejecutivo autonómico ya ha formulado observaciones a todas las cuencas hidrográficas dentro de la planificación correspondiente al periodo 2028-2033. El proceso comenzó con la publicación del esquema provisional de temas importantes.
El debate sobre los pozos del Alto Guadiana
La discusión se produjo durante el debate sobre la regularización de pozos. La consejera ha sostenido que las alegaciones de la Junta recogen el contenido del pacto regional y ha reclamado a los grupos de la oposición que lo reconozcan también en sus futuros escritos.
Según Gómez, las medidas del Ejecutivo autonómico estarán orientadas a proteger a los agricultores. La responsable de Desarrollo Sostenible ha defendido que el Gobierno regional trabaja para mantener los derechos de riego del sector.
El Grupo Parlamentario Socialista ha planteado mantener el plan especial del Alto Guadiana después del 31 de diciembre de 2027 e incluir esa continuidad en el próximo plan hidrológico de la demarcación del Guadiana. También reclama agilizar los expedientes vinculados a los pozos prioritarios y reforzar la coordinación entre las administraciones.
Entre sus propuestas figura igualmente impulsar una encomienda de gestión para tramitar los expedientes pendientes y completar una red piezométrica propia. El diputado Francisco José Barato ha cifrado en cerca de un centenar las propuestas trasladadas por la Junta a las distintas cuencas, de las que 30 corresponden al Guadiana.
PP y Vox reclaman cambios en la gestión
Vox ha respaldado la creación de una oficina siempre que ofrezca atención técnica directa al agricultor y no se limite a mover documentos entre administraciones. Luis Juan Blázquez ha pedido una solución para los expedientes pendientes, coordinación entre la Junta, el Ministerio y las confederaciones, además de un Plan Nacional del Agua con infraestructuras, modernización y reutilización de aguas depuradas cuando sea posible.
El PP ha reclamado regularizar los pozos, realizar una auditoría hídrica y poner en marcha una encomienda de gestión que reduzca la burocracia sin convertirse en una «oficina de colocación de gente», según Santiago Lucas-Torres. También ha advertido sobre posibles reducciones de dotaciones, extinciones de derechos y transformaciones de regadíos en secanos.
La propuesta socialista salió adelante, mientras que las iniciativas del PP y Vox fueron rechazadas por la mayoría socialista.