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Castilla-La Mancha abre consulta pública sobre el nuevo decreto de biometano: ¿qué implicaciones tendrá?

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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo al presentar a las plataformas ‘Stop Biometano’ el borrador del futuro decreto regional sobre biometano. Este gesto busca invitar a estas organizaciones a «alegar las consideraciones que crean oportunas cuando esta nueva normativa salga a participación pública».

Reunión con las plataformas ‘Stop Biometano’

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha enfatizado el «diálogo abierto» del Ejecutivo regional durante la reunión que mantuvo en la Consejería. En este encuentro, se ofreció a los representantes de las plataformas la oportunidad de conocer las novedades del nuevo decreto en el que trabaja la administración y expresar sus inquietudes.

Periodo de consulta pública

Según la información proporcionada por el Gobierno regional, Gómez recordó que el periodo de consulta pública comenzó el pasado lunes 22 de junio y se extenderá hasta el 3 de julio. Posteriormente, se abrirá una fase de información pública, en la cual las plataformas, promotores de proyectos de biometano, ayuntamientos y la ciudadanía en general tendrán 45 días naturales para presentar sus aportaciones.

Normativa más garantista de Europa

Mercedes Gómez aseguró que este decreto recogerá la resolución aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha, estableciendo la normativa más garantista de Europa para regular la instalación de plantas de biometano en la comunidad autónoma. Entre las medidas que incluye, se destaca el otorgar poder de decisión a los ayuntamientos antes de iniciar cualquier tramitación, permitiéndoles llevar a sus plenos los proyectos para someterlos a votación.

Requisitos para las plantas de biometano

La consejera también señaló que las plantas deberán ubicarse a un mínimo de dos kilómetros de los centros urbanos y que el «80 por ciento de los residuos que traten deben proceder de la comarca, dentro de un área máxima de 35 kilómetros». Estas regulaciones buscan garantizar que se implementen medidas de obligado cumplimiento, como la eliminación de olores y el tratamiento hermético de los residuos. Por ejemplo, se estipula que las balsas deben estar cerradas y que no se pueden transportar residuos a través de los núcleos urbanos.

Adaptación a la normativa

Para concluir, Gómez destacó que todos los proyectos deberán adaptarse al cien por cien a la normativa establecida en el decreto, con un plazo de entre 12 y 14 meses para realizar las transformaciones necesarias.

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