La vivienda en Toledo vuelve a situarse en el centro de las reivindicaciones de los movimientos de inquilinos de Castilla-La Mancha. África Alonso, portavoz de la Unión Popular de Inquilinos de Toledo, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que apruebe el llamado decreto Maricarmen y ha anunciado que esta tarde apoyarán a Rosario, una vecina de 80 años del Casco Histórico.

Rosario debe entregar las llaves de su piso este lunes porque los propietarios no le renuevan el contrato de alquiler. La organización toledana ya participó en las concentraciones celebradas la semana pasada en la ciudad.

La vivienda en Toledo, ante el caso de Rosario

Alonso considera que el caso de Maricarmen representa solo «la punta del iceberg» y reclama una respuesta que vaya más allá de «poner parches», expresión que, a su juicio, sirve para apartar a las personas de las ciudades y expulsarlas de sus barrios.

Entre las medidas que defiende figuran la intervención de los precios para ajustarlos a los salarios, una mejora de las retribuciones, la recuperación de los apartamentos turísticos para uso residencial y la prohibición de las empresas de desokupación.

La portavoz también ha descrito la presión que soportan los propietarios. Según ha explicado, muchos caseros elevan las rentas porque el resto del mercado ya fija precios «desorbitados» que las familias no pueden pagar.

Reclaman medidas concretas al Gobierno

Los colectivos de inquilinos consideran «absolutamente urgente» encontrar una solución al problema habitacional. Alonso ha defendido la necesidad de recuperar barrios donde sus residentes puedan vivir, trabajar y convivir, y ha justificado acciones como la acampada en Sol ante la falta de respuestas eficaces.

El decreto Maricarmen incluye, según las reivindicaciones trasladadas por estos movimientos, el control de la subida del IPC en los alquileres y la paralización de los desahucios. También se reclama más vivienda pública, regulación de los pisos turísticos y medidas contra los fondos de inversión.

En otras capitales de Castilla-La Mancha, las organizaciones convocantes han denunciado el aumento de los alquileres y la existencia de viviendas cerradas propiedad de fondos de inversión. Las movilizaciones reclaman que esos inmuebles salgan al mercado y que el Gobierno adopte medidas concretas.