La financiación Castilla-La Mancha vinculada a competencias singulares alcanzó apenas los 8 euros por habitante en 2023, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre las comunidades de régimen común. Cataluña encabezó la clasificación con 450 euros por persona.
El estudio, elaborado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, advierte de que el actual reparto produce diferencias muy amplias entre autonomías. La entidad considera que buena parte de esas desigualdades no llega al conocimiento general porque el Ministerio de Hacienda no difunde de forma periódica el detalle de estas partidas.
La financiación singular de Castilla-La Mancha queda en la parte baja
Los datos analizados por Fedea muestran que Cataluña recibió 3.563 millones de euros para gestionar atribuciones específicas, una cifra que equivale a 243,4 puntos de índice. El promedio de las comunidades de régimen común se situó en 185 euros por habitante.
Cantabria y La Rioja ocuparon las posiciones siguientes, con 320 y 318 euros por residente. En la zona inferior aparecieron Castilla y León, con nueve euros, y Extremadura, con 11, junto a Castilla-La Mancha.
El informe cuantifica en 8.319 millones de euros el gasto total de 2023 en competencias que solo ejercen algunas autonomías. La policía autonómica catalana concentró la mayor partida, seguida del personal de la Administración de Justicia, con 1.765 millones.
Fedea cuestiona el coste histórico aplicado a los servicios
La fundación sostiene que el método del «coste histórico» ofrece valoraciones muy diferentes para una misma prestación según el territorio. En su análisis, describe esas cifras como «valoraciones muy dispares e incoherentes» y califica las desigualdades de «prácticamente invisibles» para la ciudadanía.
Tras Justicia, el reparto provincial de los ingresos del Estado sumó 1.329 millones de euros. También se contabilizaron 813 millones para normalización lingüística, 606 millones destinados a hospitales provinciales y 603 millones correspondientes a las instituciones penitenciarias de Cataluña.
Las diferencias también aparecen en Justicia y enseñanza
El documento compara el coste por habitante de la Administración de Justicia, transferida a diez comunidades. Asturias alcanzó 81,8 euros, mientras Galicia registró 35,5 y la Comunidad Valenciana, 37,7.
La brecha fue todavía mayor en la financiación de los profesores de religión por alumno en edad escolar. Asturias llegó a 88,7 euros, frente a los 20 de Cataluña y los 29,2 de Baleares.
En las competencias provinciales, Madrid presentó una valoración de 136 euros por habitante, frente a los 367 euros asignados a Extremadura.