El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su firme oposición a la propuesta de financiación autonómica presentada por el Ejecutivo central. Considera que este modelo ha sido diseñado sin la participación adecuada de todas las comunidades autónomas y se basa en el principio de ordinalidad, lo que podría consolidar privilegios territoriales que no son compatibles con la igualdad de derechos entre los ciudadanos.

Reunión entre autoridades para discutir la financiación

Esta postura fue expuesta por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante una comparecencia a los medios tras una reunión bilateral con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y Mónica García, secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda. En este encuentro, también participó el director general de Presupuestos, Isidro Hernández.

Cuestionamientos sobre la utilidad de la reunión

Ruiz Molina cuestionó la utilidad de la reunión, considerándola «tardía», dado que se ha llevado a cabo después de que se hayan tomado decisiones cruciales. Argumentó que las reuniones bilaterales deberían haberse realizado antes de que el Gobierno central llegara a un acuerdo con una comunidad autónoma específica y antes de hacer pública la propuesta, tal y como informó la Junta en una nota de prensa.

El consejero subrayó que, si el objetivo era conocer la opinión de las comunidades autónomas, estas reuniones debieron celebrarse anticipadamente, y que el Consejo de Política Fiscal y Financiera debería ser el foro adecuado para debatir las diferentes «sensibilidades territoriales».

Lealtad institucional y oposición a la ordinalidad

Sobre la participación de Castilla-La Mancha en la reunión, Ruiz Molina indicó que lo hizo por «lealtad institucional y por educación», algo que, según él, no ha sido observado por el Gobierno de la nación. Lamentó que la reunión se realizara después de que se alcanzaran acuerdos previos que limitan el resultado final.

Durante el encuentro, el consejero reiteró su rechazo al principio de ordinalidad, que considera que favorece a aquellas comunidades con mayor capacidad tributaria, creando desigualdades en el acceso a la financiación. Afirmó que esta lógica contradice los principios de igualdad y solidaridad que deberían regir el sistema de financiación.

Defensa de un modelo igualitario

Ruiz Molina argumentó que aplicar este criterio a los servicios públicos implicaría que los ciudadanos de áreas con mayores ingresos recibirían mejores servicios, lo que a su juicio, es un planteamiento difícil de justificar para un Gobierno que se considera progresista. Defendió un modelo de financiación que esté basado en el principio de igualdad y en el coste real que supone a las comunidades autónomas ofrecer los servicios públicos que gestionan.

Como ejemplo, mencionó el caso de Fuenlabrada, que tiene una población similar a la de toda la provincia de Cuenca. En Fuenlabrada, la Atención Primaria se gestiona a través de siete centros de salud, mientras que en Cuenca se requieren 32 para atender adecuadamente a la población.

Rechazo a un modelo que no debe prosperar

El consejero concluyó su intervención calificando la propuesta actual como «injusta», sugiriendo que busca satisfacer las demandas de una comunidad específica. Insistió en que es un «modelo que no debe salir adelante», ya que ni siquiera cuenta con el apoyo de algunos movimientos independentistas que no buscan más financiación, sino recibir más que otras comunidades.

Finalmente, advirtió que el mayor perjuicio de este debate radica en el mensaje que se envía a la sociedad, sugiriendo que los territorios pueden ser tratados de manera desigual.