Las comunidades autónomas han presentado este miércoles una carta al Ministerio de Sanidad, en la que sostienen que la resolución del conflicto surgido a raíz de la reforma del Estatuto Marco requiere de un «acuerdo estatal» que debe ser impulsado por esta cartera. Según indican, es el Ministerio quien posee la «capacidad» para modificar la normativa y atender las demandas planteadas, no las comunidades autónomas (CCAA).
La posición de las comunidades autónomas
El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha expresado en representación de todas las comunidades que «la ministra se ha quedado sola». En sus declaraciones previas al pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que tiene como objetivo abordar este conflicto, Martínez afirmó que la ministra no cuenta con el apoyo de los profesionales, de los sindicatos ni de las propias comunidades autónomas.
Acuerdo casi unánime en la carta
La carta fue acordada por los representantes autonómicos durante una reunión mantenida este martes, con el fin de establecer una postura común antes del encuentro con el Ministerio. Según ha confirmado Alberto Martínez, el acuerdo cuenta con la firma de todas las consejerías, excepto la de Cataluña, que ha expresado su disposición a «colaborar en todo lo que acerque consensos para superar la situación en beneficio de todos», según informó Europa Press.
El Estatuto Marco y la huelga nacional
El documento subraya que el Estatuto Marco «es una norma básica de carácter estatal, cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad, en virtud de las competencias que le otorga el ordenamiento jurídico». Además, se señala que la huelga nacional que mantienen los sindicatos médicos en contra de la reforma de esta ley está «dirigida al Ministerio».
Consecuencias para las comunidades autónomas
A pesar de esto, los firmantes de la carta afirman que son las CCAA las que están asumiendo las consecuencias de este conflicto, cuya raíz normativa no se encuentra dentro de su ámbito competencial. «La aprobación del texto en el Consejo de Ministros no ha cerrado el conflicto. La continuidad de la convocatoria de huelga demuestra que el problema de fondo sigue sin resolverse y que no se ha logrado el consenso necesario con el colectivo médico», destacó Martínez.
Martínez enfatizó la necesidad de reabrir con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo, y demandó «medidas estructurales y sostenidas en el tiempo que permitan afrontar este reto». En sus conclusiones, volvió a insistir en que la ministra García «está sola» en este conflicto, y reiteró que las comunidades autónomas están dispuestas a colaborar con el Ministerio «para retomar la relación».