La Audiencia Provincial de Toledo tiene programado para el próximo miércoles, 18 de marzo, el juicio contra R.M.S., quien enfrenta la acusación de un delito continuado de abuso sexual a menor de dieciséis años. Este caso se centra en una relación que mantuvo con una menor de 15 años entre noviembre de 2020 y enero de 2021, cuando él contaba con 21 años.
Detalles de la acusación
Según el informe presentado por la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, R.M.S., de nacionalidad española, inició una relación sentimental con A. a finales de noviembre de 2020. En ese momento, R.M.S. tenía 21 años y A. era menor, con 15 años.
Desde diciembre de 2020 hasta el 16 de enero de 2021, R.M.S., plenamente consciente de la edad de A., mantuvo relaciones sexuales con penetración en varias ocasiones, las cuales ocurrieron en el interior del domicilio de la madre del acusado.
Medidas cautelares impuestas
El 27 de enero de 2021, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 dictó una orden que prohíbe a R.M.S. acercarse a A. en cualquier lugar donde se encuentre, así como a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio frecuentado por ella, a una distancia mínima de 300 metros. También se le prohibió cualquier tipo de comunicación con la menor.
Penas solicitadas por la Fiscalía
La acusación sostiene que los hechos constituyen un delito continuado de abuso sexual a menor de dieciséis años, tipificado en el Código Penal. Por ello, se solicita una pena de 10 años y 1 día de prisión, junto con la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.
Adicionalmente, la Fiscalía pide que se prohíba al acusado acercarse a A. a menos de 500 metros, así como a su domicilio o lugar de trabajo por un periodo de 15 años. También se solicita la prohibición de cualquier comunicación con la menor, ya sea verbal, visual o a través de medios tecnológicos y redes sociales, durante el mismo plazo.
Inhabilitación y responsabilidad civil
Asimismo, la Fiscalía requiere una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que implique contacto regular y directo con menores de edad, por un periodo de 3 años más que la duración de la pena de prisión.
Por último, en concepto de responsabilidad civil, se reclama al acusado una indemnización de 8.000 euros para A. por daños morales.