La huelga del 11 de noviembre convocada por CCOO y UGT en Castilla-La Mancha ha quedado formalizada este martes en Toledo. Silvia López, de UGT, y María José Mesas, de CCOO, presentaron la convocatoria en el registro de la Delegación del Gobierno.

Los sindicatos esperan paros masivos en los centros de trabajo y una movilización social de alcance nacional y autonómico. Sus reivindicaciones se centran en los salarios, el precio de la vivienda y el coste de la vida.

La huelga del 11 de noviembre reclama subidas salariales

María José Mesas defendió la necesidad de un acuerdo sobre empleo y negociación colectiva que fije incrementos mínimos en los convenios. La propuesta sindical sitúa esas subidas entre el 4% y el 7%, con especial atención a los salarios vinculados al Salario Mínimo Interprofesional y a los sectores más precarizados.

CCOO sostiene que, desde 2020, se han producido más de 913 conflictos colectivos promovidos por ambas organizaciones. De ellos, más de 190 habrían acabado en huelga general. Mesas señaló que el precio de los alquileres se ha convertido en el mayor factor de empobrecimiento para jóvenes y familias trabajadoras.

Los sindicatos piden medidas sobre vivienda y prevención

Silvia López definió la convocatoria como una «huelga laboral y social» y reclamó que se desbloquee el sexto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Según explicó, el desequilibrio entre salarios y vivienda también afecta a Castilla-La Mancha, con zonas tensionadas en Toledo y Guadalajara.

UGT pidió, igualmente, la aprobación de una nueva ley de prevención de riesgos laborales, más medios para la Inspección de Trabajo y la actualización de la normativa para incorporar los nuevos riesgos. López reclamó que la futura regulación tenga en cuenta la realidad de las empresas de la región.

La organización sindical también defiende la creación de la figura del delegado o delegada territorial de prevención. La petición se dirige especialmente a las pequeñas empresas, donde, según UGT, a menudo no existe representación sindical.

CCOO y UGT han pedido que los servicios mínimos que se establezcan no resulten «abusivos» y han rechazado que la huelga tenga un carácter político.