El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes regionales ha manifestado su inquietud y descontento ante la reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, que ha sido impulsada por el Gobierno regional. Según el partido, esta situación ha generado preocupación entre «cientos de concejales» en toda la región.
Denuncia del diputado Francisco Cobo
El diputado de Vox, Francisco Cobo, ha criticado la forma en la que el PSOE ha llevado a cabo esta reforma, aprobándola en solitario y utilizando el trámite de lectura única. Esta estrategia, según Cobo, ha sido una maniobra para «evitar el debate parlamentario» y «impedir que el resto de fuerzas políticas pudieran presentar enmiendas para mejorar o corregir el texto», tal como ha explicado el partido en una nota de prensa.
Consecuencias para los ayuntamientos
Vox, que se opuso a esta reforma, ha advertido que la decisión del PSOE «satura y colapsa» a los ayuntamientos, ya que otorga a la Junta la última palabra sobre cualquier proyecto que considere «inversión estratégica». Esto significa que la Junta podría «ejecutarlo e imponerlo a pesar de la oposición del ayuntamiento afectado».
Obligaciones y recursos para las entidades locales
La nueva ley también impone a las entidades locales la obligación de elaborar informes y expedientes técnicos complejos, sin garantizar financiación extraordinaria, ni dotación de medios personales, ni asistencia técnica para los consistorios. Esta situación se vuelve especialmente crítica para los pueblos más pequeños, cuyos ayuntamientos «se verán abocados a emitir dictámenes técnicos sin contar con personal cualificado ni recursos asistenciales».
Crítica a la gestión de García-Page
Cobo ha denunciado que el presidente regional, Emiliano García-Page, «encomienda a los ayuntamientos trabajos para los que sus empleados carecen de la formación requerida». Como resultado, los consistorios se verán obligados a contratar consultoras externas, desviando recursos que podrían ser utilizados para atender las necesidades reales de sus vecinos.