El Grupo Parlamentario Vox ha lanzado una dura crítica contra el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, al acusarlo de «bloquear» su petición a la Cámara de Cuentas para la elaboración de un informe que evalúe el impacto de la inmigración en las cuentas públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Acusaciones de Vox sobre el funcionamiento democrático

Durante una rueda de prensa, el portavoz de Vox, Iván Sánchez, ha enfatizado que esta paralización «atenta» directamente contra el funcionamiento democrático de la institución y de su grupo parlamentario. Según él, esta situación es inaceptable en una democracia.

La solicitud y el reglamento de las Cortes

La solicitud fue presentada por Vox el pasado mes de septiembre, y Sánchez argumenta que el Reglamento de las Cortes establece que este tipo de solicitudes deben ser tramitadas a través de la Presidencia, con un plazo máximo de un mes para recibir una respuesta. Sin embargo, el portavoz ha señalado que «no se ha contestado absolutamente nada».

Han transcurrido ya seis meses desde la última petición realizada a la Presidencia de las Cortes, y Sánchez recalca que la solicitud está «parada». Asegura que «no es un retraso administrativo, no es una cuestión menor», sino una clara vulneración de los derechos de su grupo y del reglamento de la Cámara.

Derecho a presentar iniciativas y repercusiones políticas

Iván Sánchez ha añadido que lo «más grave» es que se está intentando impedir que Vox cumpla con su labor parlamentaria, coartando así su derecho a presentar iniciativas. A pesar de que sus propuestas puedan resultar incómodas para el Partido Socialista y la Presidencia, aclara que no se puede bloquear ninguna iniciativa, independientemente de su origen.

Por último, el portavoz ha defendido que la solicitud presentada por Vox «cumple escrupulosamente» con el reglamento y la normativa de la Cámara, lo que implica que todos los grupos parlamentarios tienen derecho a solicitar este tipo de informes. Subraya que la Presidencia está obligada a tramitar estas solicitudes, y que Bellido no puede decidir qué iniciativas se manejan basándose únicamente en criterios políticos.