Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad planteadas por Vox y PP contra el proyecto de presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027. La mayoría socialista votó en contra de ambas iniciativas.

David Moreno, diputado de Vox, cuestionó la gestión del Ejecutivo autonómico y sostuvo que las cuentas no responden a las necesidades de familias, emprendedores y trabajadores. A su juicio, el proyecto tampoco ofrece un escenario económico favorable ni beneficia a las pequeñas y medianas empresas.

Presupuestos de Castilla-La Mancha, bajo crítica parlamentaria

El popular Santiago Serrano calificó las cuentas como “los más cuantiosas de la historia de la región”, aunque reprochó al Gobierno que prevea una mayor recaudación, reduzca la inversión respecto al año anterior y limite el respaldo a la economía productiva. También afirmó que la estructura del Ejecutivo aumenta mientras el gasto crece sin mejorar los resultados.

Serrano añadió que Castilla-La Mancha es “la cuarta comunidad con menor renta per cápita por habitante”, con una diferencia de casi 7.000 euros frente a la media nacional y de más de 14.000 respecto a la europea.

Desde el PSOE, Ana Isabel Abengózar respondió a las intervenciones de la oposición y definió la propuesta del PP como “lo mismo de siempre”. La diputada acusó a populares y Vox de construir una visión negativa de la región y de sostener sus argumentos con datos que, según dijo, han sido inventados.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, defendió que las partidas aumentan, especialmente las relacionadas con el estado de bienestar. También negó que exista más deuda y aseguró que el proyecto mantiene un presupuesto equilibrado, sin nuevos impuestos ni recortes.

Rechazo también a la ley de acompañamiento

El pleno rechazó igualmente las enmiendas a la totalidad de Vox y PP contra la Ley de medidas tributarias, administrativas y de simplificación de Castilla-La Mancha. Ruiz Molina defendió que la norma cumple los principios de seguridad jurídica y adapta la legislación autonómica a las necesidades de la ciudadanía, las empresas y la realidad económica de la región.

Vox reclamó explicaciones sobre el coste de las medidas y su encaje en las cuentas de 2027. Francisco José Cobo criticó la tramitación urgente de una ley que reúne cambios fiscales, trámites y normas de distinta naturaleza.

Santiago Serrano extendió la oposición del PP al procedimiento parlamentario, al considerar que las prisas y los defectos de tramitación reducen el debate y el análisis de las Cortes. La socialista Silvia Fernández, por su parte, resumió la enmienda de Vox como un argumentario centrado principalmente en descalificar al Gobierno regional.