El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) rechazó este viernes la propuesta de decreto sobre las listas de espera, según anunció la ministra de Sanidad, Mónica García. La dirigente atribuyó el resultado al voto contrario de las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) y calificó la decisión de «irresponsabilidad política».

García confirmó que el texto se someterá ahora a Audiencia Pública para que pueda ser consultado por los ciudadanos. La ministra defendió que la norma permitiría disponer de datos más homogéneos, públicos y verificables sobre los tiempos que afrontan los pacientes.

La reforma de las listas de espera llegará a Audiencia Pública

La propuesta plantea que la información se publique cada trimestre y que incluya referencias mensuales, en lugar de difundirse cada seis meses. También contempla una verificación digital, la incorporación de los datos a la estadística oficial y garantías para impedir su manipulación.

El objetivo, explicó la ministra, es conocer cuánto espera cada paciente hasta el final de su proceso y comparar los tiempos de quienes siguen el mismo procedimiento. García sostuvo que los indicadores previstos son sencillos y que su aprobación corresponde al CISNS.

«Las listas de espera hay que reducirlas, no hay que maquillarlas», afirmó la titular de Sanidad. A su juicio, el decreto vigente, aprobado en 2003, se ha quedado obsoleto y funciona como una «caja negra» porque no ofrece toda la información sobre la espera de los pacientes.

Sanidad cifra en 3.700 millones el aumento de fondos directos

Durante su intervención, García también aseguró que la financiación directa del Gobierno a las comunidades autónomas para sanidad ha aumentado un 1.000% en los últimos siete años, hasta alcanzar 3.700 millones de euros. La financiación autonómica total habría crecido en ese periodo en unos 300.000 millones.

La ministra respondió así a las críticas de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, sobre el destino de esos recursos. Según García, cerca de 40.000 millones de euros de esa cantidad correspondieron a Madrid y no se tradujeron, a su juicio, en mejoras laborales para los profesionales ni en una mayor inversión sanitaria en la región.