La ley de vivienda de Castilla-La Mancha ya puede debatirse en el pleno de las Cortes regionales después de que la comisión correspondiente aprobara su dictamen. El texto incorpora 13 enmiendas del PSOE, mientras que rechazó las 58 propuestas por el PP y las 50 presentadas por Vox.

El diputado socialista Álvaro Toconar será el encargado de defender la proposición de ley ante el pleno. La norma pretende facilitar la construcción de vivienda de protección pública y simplificar distintos trámites urbanísticos.

Qué permite la ley de vivienda de Castilla-La Mancha

Una de las medidas planteadas permite destinar inmuebles de la Junta que estén en desuso a vivienda protegida sin modificar el planeamiento. En las zonas rurales, el texto contempla que un plan especial pueda transformar suelo rústico en urbanizable.

La propuesta también incluye ayudas para empresas y promotores con el objetivo de impulsar nuevas promociones protegidas. Toconar vinculó esta medida al aumento del coste de la construcción, que, según señaló, ha subido un 40 % en los últimos cuatro años.

El dictamen recoge asimismo la posibilidad de aumentar la edificabilidad en superficies que ya hayan superado la evaluación ambiental. Los ayuntamientos podrían licitar suelo público para viviendas protegidas por la mitad del precio de mercado. La Junta también tendría capacidad para conceder ayudas en especie a los municipios que necesiten redactar su planeamiento.

PP y Vox cuestionan el contenido del texto

El diputado del PP Nacho Redondo advirtió de que algunas partes de la proposición pueden entrar en conflicto con la legislación estatal. A su juicio, existen «serias dudas de seguridad jurídica» y determinados aspectos podrían acabar en los tribunales si no se modifican, según afirmó.

Redondo criticó, entre otras cuestiones, el aumento de la edificabilidad y la densidad, los cambios de usos urbanísticos y la reducción a 10 días del periodo de información pública. También defendió que la adjudicación de viviendas públicas destinadas a necesidades temporales permita recuperar esos inmuebles cuando desaparezca la circunstancia que motivó su entrega.

Entre las propuestas del PP figuran rebajar del 9 % al 6 % el tipo general del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para inmuebles, hacer voluntario el depósito de fianzas de alquiler de viviendas de la Junta y exigir estudios económicos y ambientales para ampliar edificabilidad o densidad en actuaciones privadas.

Por Vox, Francisco Cobo planteó que el acceso a viviendas protegidas tenga en cuenta el arraigo mediante el empadronamiento histórico. Su grupo propuso exigir cinco años para el alquiler y diez para la compra, además de planes periódicos de inspección del parque público y asistencia jurídica para propietarios afectados por ocupaciones ilegales.