El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración este martes el anteproyecto de la Ley de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha, una norma que pretende actualizar la regulación autonómica y reunirla en un único marco. El texto será enviado ahora al Consejo Consultivo para que emita su dictamen.
La previsión del Ejecutivo es que el anteproyecto se convierta en proyecto de ley y llegue a las Cortes regionales durante el primer trimestre de 2027. Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible, ha explicado que la reforma busca adaptar las normas a la situación actual del territorio y a la legislación europea y estatal.
Una autorización ambiental para varios trámites
La principal novedad será la creación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU). Este instrumento permitirá tramitar en un solo expediente y mediante una única resolución procedimientos que hasta ahora se gestionaban por separado.
La gestión de residuos y las emisiones atmosféricas podrán quedar así dentro de una misma tramitación, con la intención de acortar los tiempos y eliminar duplicidades administrativas. El anteproyecto también contempla consultas preliminares, la renovación de determinadas autorizaciones mediante declaración responsable y procedimientos simplificados para algunas actividades.
La consejera ha defendido que «La ley no nace para imponer más burocracia, sino precisamente para simplificar procedimientos manteniendo todas las garantías ambientales. Proteger más y tramitar mejor».
Más vigilancia y nuevas infracciones reguladas
El texto refuerza los sistemas de vigilancia, control e inspección para hacer un seguimiento más preciso de las actividades con impacto ambiental. También incorpora por primera vez una regulación específica para los organismos de control de la atmósfera, la gestión de estiércoles en explotaciones porcinas y la protección de las zonas vulnerables a nitratos.
La reforma revisa la clasificación de las infracciones y las cuantías de las sanciones, diferenciando entre conductas leves, graves y muy graves. El objetivo señalado por Gómez es mejorar la prevención de daños y facilitar la restauración de la legalidad cuando sea necesario.
La elaboración del anteproyecto ha incluido consultas públicas, información pública, informes de órganos consultivos y aportaciones de consejerías, entidades locales, agentes sociales, organizaciones y ciudadanía.
Sobre las zonas de bajas emisiones, la consejera ha indicado que su definición corresponde exclusivamente a los ayuntamientos. La Junta comprobará el cumplimiento de las limitaciones que establezca cada municipio mediante los organismos de control de la atmósfera que regula la futura ley.