Las Comunidades Autónomas han dado un paso importante al aprobar, a propuesta del Ministerio de Sanidad, la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta nueva versión no solo incluye la donación de órganos tras la prestación, sino que también fortalece el papel de la enfermería, amplía los plazos de aplazamiento y actualiza los criterios organizativos para asegurar una aplicación más uniforme de la Ley Orgánica 3/2021.
Reacciones tras la votación
En la rueda de prensa celebrada tras la reunión del CISNS, la ministra de Sanidad expresó su descontento por el voto en contra de la Comunidad de Madrid respecto a la actualización del Manual. Este documento se ha elaborado de manera consensuada, incorporando las aportaciones de las distintas comunidades autónomas y basándose en la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de la ley.
La ministra criticó la postura de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, afirmando que «básicamente la Comunidad de Madrid va en contra de las personas, ya sea eutanasia o ya sea aborto». Subrayó que la ley ha estado en funcionamiento durante cuatro años y que el manual tiene como objetivo aprender de la experiencia para garantizar que los ciudadanos que deseen acogerse a la ley de eutanasia lo hagan con todas las seguridades jurídicas necesarias.
Además, la ministra destacó que «esto es un manual de buenas prácticas» y acusó a la Comunidad de Madrid de intentar bloquear un derecho legal, recordando que ya había ocurrido con el aborto. «En este caso, se trata del derecho legal a morir dignamente a través de la ley de eutanasia», concluyó.
Principales novedades del manual
El nuevo documento, elaborado por la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, actualiza la versión publicada en 2021. La edición de 2026 es el resultado de un esfuerzo colaborativo que incorpora la experiencia adquirida tras más de cuatro años de aplicación de la norma, incluyendo las aportaciones de profesionales sanitarios, Comisiones de Garantía y Evaluación, expertos y la sociedad civil.
Una de las principales innovaciones es la inclusión formal de la enfermera del equipo asistencial como figura de referencia. El manual detalla sus funciones, que abarcan desde el apoyo informativo y acompañamiento a la persona solicitante, hasta la preparación del entorno y el material necesario, así como la realización de cuidados y procedimientos propios de su competencia. Además, el documento pone énfasis en la «humanización del entorno asistencial», resaltando el papel de la enfermería en la valoración y apoyo a cuidadores y familiares, así como en la orientación sobre los recursos disponibles para el acompañamiento en el duelo.
Estructura organizativa y plazos de aplazamiento
El manual introduce una nueva estructura organizativa basada en unidades administrativas de apoyo, que ya están presentes en varias comunidades autónomas. Estas unidades tienen como objetivo asegurar un funcionamiento correcto, accesible y homogéneo de la prestación en su territorio, facilitando información a la ciudadanía y apoyo operativo a los profesionales, además de coordinarse con los servicios de salud.
En cuanto a los plazos, el manual «clarifica y unifica» los criterios relativos a los tiempos del proceso asistencial. Una vez reconocido el derecho a la prestación, el paciente podrá solicitar un aplazamiento de hasta seis meses, ampliando el marco temporal previo, que no superaba uno o dos meses.
Suspensión y archivo del procedimiento
El documento también establece la posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias excepcionales y transitorias, de acuerdo con la normativa vigente. Si el trámite se detiene por motivos del solicitante y pasan tres meses sin que se reactive, la Comisión podrá cerrar y archivar el expediente, previa notificación al interesado. Sin embargo, este cierre no impide que la persona pueda iniciar una nueva solicitud en el futuro si así lo desea.
Basándose en la experiencia clínica, donde un porcentaje de solicitantes presenta riesgo de pérdida inminente de capacidad o fallecimiento, el documento sugiere una tramitación abreviada para los casos más urgentes, permitiendo reducir los tiempos al mínimo posible sin comprometer las garantías legales.
Actualización del Registro Nacional de Instrucciones Previas
El manual también actualiza la regulación del Registro Nacional de Instrucciones Previas, que, tras la reforma legal de 2022, permite incluir la ayuda para morir como un apartado específico y oficial en el documento de instrucciones previas. Esto asegura que la voluntad del paciente quede claramente registrada en su historial, eliminando posibles inseguridades administrativas.
Finalmente, la nueva edición del manual refuerza la importancia de completar correctamente los certificados de defunción, recordando que el fallecimiento derivado de la prestación de ayuda para morir se considera legalmente como muerte natural a todos los efectos de la documentación.