El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido una reforma de la financiación autonómica que defina con precisión el concepto de población ajustada y lo calcule mediante criterios objetivos e independientes.

Ruiz Molina también ha advertido de que el modelo vigente no asegura recursos suficientes para las comunidades autónomas. A su juicio, la revisión debe plantearse como una cuestión de Estado, sin quedar condicionada por la búsqueda de respaldos parlamentarios.

Una población ajustada con criterios independientes

La propuesta defendida por el consejero sitúa el concepto de población ajustada en el centro del futuro sistema. Su reclamación pasa por establecer cómo debe calcularse y por utilizar parámetros objetivos, alejados de decisiones que puedan alterar el reparto entre territorios.

Ruiz Molina considera que la definición de ese criterio debe formar parte de una reforma general del modelo. El objetivo que plantea es corregir la falta de suficiencia de recursos que, según ha señalado, presenta el sistema actual para las autonomías.

Rechazo a negociar la financiación como moneda de cambio

El consejero ha cuestionado que la financiación autonómica pueda utilizarse para conseguir apoyos en el Parlamento. Esa posibilidad, ha defendido, introduciría una finalidad política en una reforma que debería abordarse con una perspectiva común.

Su planteamiento también incluye dejar al margen la confrontación política y los acuerdos bilaterales que puedan provocar diferencias entre comunidades autónomas. La reforma, según Ruiz Molina, debe tratarse como un asunto de Estado y no mediante pactos que generen un trato desigual entre territorios.