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    El PP de Castilla-La Mancha insiste en ley contra la ocupación ilegal de viviendas

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    El Partido Popular (PP) de Castilla-La Mancha se propone reiniciar el periodo de sesiones en las Cortes regionales del próximo curso centrándose en la tramitación de una ley contra la ocupación ilegal de viviendas. Esta proposición, elaborada por el PP en 2020, fue rechazada en el Parlamento regional, lo que ha llevado a su presidenta, Paco Núñez, a demandar su revisión.

    El PP exige la tramitación de la ley

    En una reciente entrevista con Europa Press, Núñez recordó que el PSOE había presentado y aprobado su propia ley sobre este asunto, con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PP. Sin embargo, el líder de los ‘populares’ afirmó que esta legislación ha demostrado ser «insuficiente» y «no ha funcionado», dejando el problema de la ocupación ilegal vigente en la actualidad.

    «La ley de ocupación que se aprobó por los gobiernos socialistas no ha funcionado. En contraste, el PP ha redactado una ley contra la ocupación ilegal de vivienda que ya está presentada en el Parlamento de Castilla-La Mancha y que exigimos que se tramite», subrayó Núñez.

    Un problema creciente en la región

    El PP busca reactivar esta normativa, que actualmente se encuentra «en un cajón», en respuesta a lo que consideran un «problema» de «ocupación descontrolada de viviendas», un ataque a la propiedad privada que afecta a la comunidad. Núñez cuestionó por qué el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, no está dispuesto a tramitar la ley, sugiriendo que la situación en el Parlamento regional se asemeja al «bloqueo» de iniciativas del PP a nivel nacional, perpetrado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

    Detalles de la ley propuesta

    La normativa que el PP propuso en 2020 tenía como objetivo «proteger la propiedad privada». Incluía medidas como la prohibición del empadronamiento de personas que ocuparan ilegalmente una vivienda, el endurecimiento de las penas por ocupación ilegal y la implementación de procesos para facilitar desalojos exprés.

    Núñez resaltó que en verano se incrementan las ocupaciones ilegales, ya que muchas viviendas quedan deshabitadas mientras sus propietarios están de vacaciones. Esta situación ha generado preocupación entre quienes ven cómo sus propiedades se deprecian y su calidad de vida se ve afectada por la ocupación.

    Colaboración con expertos

    El PP trabajó en la elaboración de esta ley junto a un grupo de penalistas de la Universidad de Alcalá de Henares. Aunque algunos aspectos de la ley dependen de la normativa nacional, Núñez aseguró que hay elementos que son competencia exclusiva de Castilla-La Mancha, y que, de ser aprobada, la ley podría entrar en vigor de inmediato.

    Propuestas adicionales del PP

    Paco Núñez también anunció otras iniciativas que marcarán el inicio del curso político para el PP. Estas propuestas se incluirán en su programa electoral, con la intención de ejecutarlas si logra alcanzar la presidencia de Castilla-La Mancha. Entre ellas se encuentran «planes de choque contra las listas de espera», así como medidas para garantizar que el agua llegue a agricultores y ganaderos, cumplir con el pacto regional por el agua y reducir impuestos.

    «Todo lo que Paco Núñez defienda hoy en el Parlamento de Castilla-La Mancha será lo que mañana se apruebe en el Consejo de Gobierno, cuando ya sea presidente», enfatizó el líder del PP.

    Reflexiones sobre el Estatuto

    En relación con la reforma del Estatuto que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados, Núñez aseguró que la presidenta del Congreso tiene la potestad de activarlo. Criticó el enfoque del PSOE, afirmando que «el PP quiere que gane Castilla-La Mancha», en contraposición a los intereses de otros partidos que buscan ganar relatos.

    «Si el proceso se ha bloqueado porque algunos quieren más diputados, mientras que otros queremos más médicos, tendrán que dar explicaciones. Yo prefiero más médicos y más maestros a más diputados», concluyó Núñez, insistiendo en que «el estatuto sigue vivo» y es responsabilidad del PSOE tramitarlo, ya que son ellos quienes lo han paralizado, con más de 100 enmiendas presentadas en el proceso.

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