Este martes, el Consejo de Ministros ha dado un paso importante en el ámbito social al aprobar, a iniciativa del ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la movilización de 200 millones de euros (198.704.000 euros) dirigidos a fortalecer los servicios sociales, proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y combatir la pobreza infantil. Castilla-La Mancha recibirá una asignación de 10,3 millones de euros de esta inversión.
Inversión y programas destinados a las familias
La financiación, que será gestionada por el ministerio encabezado por Pablo Bustinduy, se transferirá a los gobiernos autonómicos, responsables de la gestión de los servicios sociales. Esto permitirá la implementación de diversos programas tanto a nivel autonómico como local, dirigidos a familias con necesidades específicas de protección. Este apoyo incluye a familias monomarentales, numerosas y aquellas que residen en áreas rurales.
Concretamente, la inversión se organiza en tres programas. El primero, con un presupuesto de 65 millones de euros, se destinará a proyectos de intervención social y a prestaciones para familias con menores en riesgo de pobreza y exclusión social. Estos fondos podrán utilizarse para satisfacer necesidades básicas como higiene, alimentación y ropa, así como para cubrir gastos educativos, incluyendo material escolar y ayudas para comedores. Además, se llevará a cabo el programa VECA, que garantizará a los menores el acceso a alimentación, ocio y cultura durante las vacaciones escolares, facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral en periodos no lectivos.
Prevención de la violencia infantil
El segundo programa, que cuenta con una dotación de 25 millones de euros, tiene como objetivo reforzar los equipos de servicios sociales para prevenir y detectar cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia. Este esfuerzo se centra en la contratación de profesionales en trabajo social, educación social, psicología y atención familiar, además de promover una mayor coordinación con centros educativos y sanitarios, en consonancia con la Ley Orgánica 8/2021, que protege a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).
Por otro lado, el plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, que dispone de más de 108 millones de euros, busca garantizar el acceso a servicios como orientación social, ayuda a domicilio, alojamiento alternativo y programas de prevención e inserción social. Este plan también respaldará el funcionamiento de albergues y centros de acogida, esenciales para atender a las personas en situaciones de especial vulnerabilidad.
Distribución territorial de la inversión
La distribución de los créditos a las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se desglosa de la siguiente manera: Andalucía recibirá 35,9 millones de euros; Aragón, 6,7 millones; Asturias, 5,3 millones; Baleares, 5 millones; Canarias, 9,8 millones; Cantabria, 3,5 millones; Castilla-La Mancha, 10,3 millones; Castilla y León, 12,4 millones; Cataluña, 29,9 millones; Extremadura, 6,2 millones; Galicia, 13,5 millones; Madrid, 25,2 millones; Murcia, 7 millones; La Rioja, 3 millones; Comunidad Valenciana, 20,4 millones; Ceuta, 2 millones; y Melilla, 1,9 millones.
Declaración institucional por los derechos de las personas con discapacidad
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional en conmemoración del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, celebrado el pasado 3 de mayo, en su vigésimo aniversario. Esta declaración resalta los avances logrados en España en temas de igualdad, inclusión y garantía de derechos, así como medidas en áreas de no discriminación, derechos infantiles, derechos de mujeres y niñas con discapacidad, accesibilidad universal y acceso a la justicia.
Asimismo, enfatiza el compromiso del Gobierno con la plena participación social, económica y política de las personas con discapacidad, promoviendo un enfoque transversal en las políticas públicas.
Apoyo al deporte femenino
Por último, el Ministerio de Derechos Sociales, en colaboración con los ministerios de Educación, Hacienda e Igualdad, ha impulsado un Real Decreto que regula la distribución de la recaudación del Impuesto sobre actividades de juego de apuestas deportivas benéficas. Este decreto establece que la liga profesional de fútbol femenino recibirá el 15% de dicha recaudación, lo que refuerza el papel del deporte femenino en el sistema deportivo español y avanza hacia una mayor equidad en la financiación.