La Comisión Europea ha lanzado una advertencia a España, señalando que podría enfrentar sanciones económicas si no cumple con una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2024. Esta sentencia establece que el país no está cumpliendo con la directiva destinada a proteger las aguas de la contaminación causada por nitratos derivados de la agricultura.
Nuevo requerimiento de Bruselas
Bruselas ha enviado una carta de requerimiento a España después de detectar que, aunque se han realizado algunos avances en ciertas regiones, comunidades autónomas como Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia aún no han implementado las medidas obligatorias necesarias ni han logrado mejorar la calidad de sus aguas.
En su sentencia, el Alto Tribunal europeo determinó que España no estaba protegiendo adecuadamente sus aguas de la contaminación por nitratos. En concreto, en marzo de 2024, momento de la sentencia, Madrid no había revisado la lista de zonas vulnerables a los nitratos, ni había adoptado las medidas obligatorias requeridas en los programas de actuación, ni implementado medidas adicionales en ciertas regiones.
Avances y deficiencias en la implementación
Dos años después de la sentencia, la Comisión Europea ha constatado que España ha avanzado en la designación de zonas vulnerables a los nitratos en las Islas Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana, y ha adoptado las medidas obligatorias necesarias en Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid.
Sin embargo, persisten deficiencias en Castilla y León respecto a las condiciones para la aplicación de fertilizantes en terrenos con pendiente pronunciada, así como en la implementación de medidas adicionales requeridas en relación con la contaminación por nitratos en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia.
El Gobierno español tiene un plazo de dos meses para corregir estas deficiencias, ya que de lo contrario, la Comisión Europea llevará nuevamente el caso al TJUE para solicitar la imposición de multas.
Dictamen motivado sobre la Directiva Seveso III
En otro ámbito, la Comisión Europea ha emitido un dictamen motivado a España por no haber transpuesto correctamente la Directiva Seveso III, la cual tiene como objetivo prevenir accidentes graves en más de 12.000 instalaciones industriales de la UE, incluyendo plantas químicas y almacenes de combustible.
Bruselas ya había enviado un primer aviso a Madrid en junio de 2025 tras detectar deficiencias. Aunque las autoridades españolas han respondido a algunas inquietudes y han mostrado disposición para aprobar nueva legislación, el Ejecutivo comunitario ha señalado que aún persisten «lagunas» en las obligaciones referentes a la revisión de planes de emergencia, información sobre sustancias peligrosas y los datos mínimos en los informes de seguridad.
Plazo para subsanar deficiencias
La Comisión ha otorgado un nuevo plazo de dos meses a España para que adopte las medidas necesarias. Si no se cumplen estas exigencias, Bruselas podría decidir llevar también este asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.