Asaja Castilla-La Mancha ha decidido abandonar el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) después de que la Junta mantuviera en la convocatoria prevista para este lunes la propuesta de modificación de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible. La organización agraria había pedido más tiempo para estudiar el texto y analizarlo con las organizaciones profesionales del sector.

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y el vicepresidente, Juan José Laso, han dejado el órgano como protesta por la forma en la que el Gobierno regional está tramitando el cambio normativo. La petición de retirar el asunto del orden del día no fue atendida.

Asaja Castilla-La Mancha cuestiona el alcance de la reforma

La organización sostiene que la Junta utiliza como argumento la legislación estatal de montes, aunque esa norma ya fue modificada en 2022. Según su interpretación, aquella reforma debía desarrollarse mediante planes autonómicos de prevención, encargados de concretar las limitaciones y los usos permitidos cuando el índice de peligro de incendios (IPP) alcance los niveles naranja o rojo.

Asaja considera que la propuesta regional va más allá porque convertiría en una prohibición legal automática las labores agrícolas, incluida la cosecha, durante esos niveles de riesgo. También denuncia que el texto impediría que los planes de prevención de Castilla-La Mancha establezcan reglas específicas para las campañas agrícolas, atendiendo a sus características.

«Castilla-La Mancha optaría por convertir en una prohibición legal lo que la legislación estatal plantea como una cuestión a desarrollar y regular mediante los instrumentos de prevención autonómicos», ha señalado la organización.

Temor al efecto sobre las campañas de cosecha

Asaja advierte de que la medida podría afectar especialmente a las explotaciones de cereales y otros cultivos herbáceos, que necesitan completar la recolección dentro de periodos temporales concretos. La entidad agraria afirma que comparte la necesidad de prevenir los incendios forestales, pero reclama una regulación proporcionada, justificada técnicamente y compatible con la actividad del campo.

Fresneda ha defendido que el sector no puede participar en un órgano que tramite una modificación de este alcance sin haber escuchado antes a los agricultores ni haber estudiado suficientemente sus efectos. «El agricultor sigue estando en el punto de mira de la Consejería de Desarrollo Sostenible», ha afirmado.

La organización reclama ahora a la Junta un proceso de diálogo con el sector agrario antes de continuar la tramitación de la reforma.