La selección española de fútbol ha recibido un importante respaldo por parte de la justicia de Estados Unidos, protegiéndola de posibles embargos durante el Mundial que se celebra en el país. Esta medida se produce en el contexto de los litigios que enfrentan a los acreedores con el Reino de España, relacionados con el pago de indemnizaciones por los recortes en el sector de las energías renovables en 2013.
Fallo del juez John D. Bates
El pasado 22 de junio, el juez John D. Bates emitió un fallo en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en respuesta a una solicitud presentada por España. En este fallo, se ordenó la modificación de las citaciones judiciales, conocidas como ‘subpoenas’, que el fondo Blasket había emitido para obtener información financiera de los proveedores del equipo nacional durante el torneo.
Demandantes y su reclamación
Blasket Renewable Investments, el demandante en este caso, había conseguido un fallo a su favor por un monto superior a los 47 millones de dólares (aproximadamente 41,45 millones de euros) contra el Reino de España. Este fallo reconoce un laudo arbitral extranjero y, en sus esfuerzos por recuperar la deuda, Blasket había emitido citaciones a empresas estadounidenses que brindan servicios a la selección durante el Mundial de la FIFA 2026.
Moción de España y argumentos del juzgado
Ante esta situación, el Reino de España presentó una moción para anular o modificar las citaciones. A pesar de que Blasket sostenía que España carecía de legitimación para impugnarlas, el tribunal determinó que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la selección nacional no pueden ser consideradas «alter egos» del Estado.
Independencia de la Federación
En su resolución, el juzgado argumentó que para investigar los activos de una entidad de un país soberano, es necesario demostrar que esta es un «alter ego» controlado por el Estado. En este caso, se confirmó que la Federación opera de manera independiente, gestionada por un presidente y una asamblea general elegidos.
Implicaciones para el Gobierno español
Esta sentencia proporciona un respiro al Gobierno español en su lucha contra los acreedores por las deudas relacionadas con los laudos arbitrales internacionales por los recortes en las energías renovables en 2013. Los acreedores habían planteado la posibilidad de establecer una fianza ante los tribunales estadounidenses para suspender las medidas de ejecución que amenazaban los activos e intereses del Estado, justo en pleno Mundial de Fútbol 2026.
Deuda acumulada con los acreedores
En la actualidad, España tiene alrededor de treinta laudos arbitrales internacionales pendientes de pago, derivados de cambios retroactivos en su régimen de energías renovables. Hasta la fecha, los inversores han obtenido hasta siete sentencias federales en Estados Unidos, sumando un total cercano a los 700 millones de euros. Además, los acreedores han logrado resoluciones favorables o mantienen procedimientos activos en jurisdicciones como Bélgica, los Países Bajos, el Reino Unido, Australia y Singapur.
La deuda total que España debe a estos acreedores por los recortes en las renovables supera los 2.330 millones de euros, de los cuales aproximadamente 553 millones corresponden a intereses de demora, costas judiciales y otros recargos. Hasta ahora, España solo ha cumplido con uno de los laudos, relacionado con el caso JGC, dejando unas 28 decisiones arbitrales aún pendientes de ejecución y en situación de impago.