El Tribunal Supremo (TS) ha respaldado la decisión del FC Barcelona de sancionar a 450 socios debido a la cesión de sus abonos, que se utilizaban para la falsificación de entradas vendidas a precios excesivos a través de redes organizadas e Internet.
La sentencia del Tribunal Supremo
La Sala de lo Civil del Tribunal ha emitido una sentencia, según informa Europa Press, en la que desestima el recurso interpuesto por los socios y confirma la resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual había ratificado las sanciones impuestas por el club en el año 2018.
Conducta contraria a los Estatutos
En su resolución, el tribunal señala que la conducta de los socios sancionados «constituye una base razonable para considerar, como hizo el órgano competente de la asociación al imponer la sanción, que constituía una actuación contraria a los Estatutos que causaba perjuicios materiales o morales de consideración al club y a otros socios».
Detalles sobre la sanción
La Sala también menciona que la sanción se fundamenta en la implicación de los socios en estructuras organizadas para la cesión de abonos, lo que permitió la inserción de códigos QR en entradas falsificadas, que posteriormente se vendieron a precios exorbitantes. «Por tal razón, es razonable la decisión del club demandado de sancionar la conducta conforme a lo previsto en el art. 74.c] (cesión onerosa del abono con intermediación de redes organizadas o Internet), en relación con el art. 69.3, párrafo tercero, de los Estatutos (responsabilidad del socio cedente del abono por las infracciones cometidas por el cesionario)», agrega el tribunal.
Derechos de los socios
El Supremo subraya que los socios recurrentes fueron notificados de los hechos que dieron origen al expediente sancionador a través de un pliego de cargos, y se les otorgó un trámite de audiencia antes de la imposición de la sanción, la cual fue acordada en una resolución debidamente fundamentada.
Como resultado de esta sanción, los socios afectados, entre los cuales se encuentran los recurrentes, enfrentaron la suspensión de su condición de socio por un periodo de hasta 18 meses o, en algunos casos, la expulsión del club.
