Carlos Velázquez, cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Toledo, ha planteado trasladar su experiencia como alcalde de la capital regional a la política nacional si su partido logra gobernar tras las próximas elecciones. Lo ha expuesto este viernes durante un desayuno informativo celebrado en el Parador de Toledo.
El candidato ha defendido también llevar al hemiciclo «la realidad local de los municipios» y dar voz a las demandas de la provincia. En el acto participaron el presidente regional del PP, Paco Núñez, y otros integrantes de las candidaturas populares al Congreso y al Senado.
Velázquez al Congreso para defender los proyectos pendientes
Velázquez ha presentado su posible llegada al Congreso como una oportunidad para trasladar a la política nacional la gestión realizada en Toledo. A su juicio, existe un paralelismo entre la situación del país y la que, según ha señalado, atravesó la ciudad durante el anterior gobierno socialista de Milagros Tolón.
Entre sus prioridades ha situado los compromisos pendientes del Gobierno central con la provincia. También ha reclamado financiación local y que los ayuntamientos puedan utilizar sus ahorros para resolver problemas.
En esa relación ha incluido el AVE Madrid-Lisboa, con parada en Toledo y Talavera; el nuevo cuartel de la Guardia Civil; la autovía entre Toledo y Ciudad Real; el tercer carril del Polígono y el puente sobre la A-40.
Las propuestas nacionales del candidato popular
El acto ha sido el primero de Velázquez en la campaña electoral tras la pegada de carteles. El candidato ha defendido el programa de Alberto Núñez Feijóo, que reúne 249 medidas en cuatro ejes: reparar el Estado, regenerar España, reunir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima.
Entre las propuestas citadas figuran una auditoría pública durante los primeros 100 días de un eventual Gobierno del PP, especialmente en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y una reducción de la estructura política y la burocracia.
Velázquez también ha reclamado un control «riguroso» de las fronteras, una recuperación institucional y un reparto territorial «más justo». Asimismo, ha mencionado la actualización de las pensiones conforme al IPC, un plan de infraestructuras a 15 años dotado con 300.000 millones de euros, un pacto nacional del agua y la derogación de la Ley de Memoria Democrática.