El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado la orden que establece el sistema de seguimiento del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla tendrán que remitir de forma continua información económica y de gestión mediante herramientas informáticas compartidas.

La norma, firmada por la ministra Isabel Rodríguez, desarrolla el seguimiento previsto en el real decreto que regula el plan. Su finalidad es comprobar el cumplimiento de los objetivos y el destino de los fondos públicos en las tres líneas de ayudas previstas: vivienda social y asequible; rehabilitación, accesibilidad y renovación urbana o rural, y medidas para reducir el esfuerzo de pago e impulsar la emancipación juvenil.

Cómo se controlará el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

El intercambio de datos entre administraciones se realizará de forma automatizada a través de la Red SARA. Las autonomías deberán enviar cada mes los indicadores correspondientes dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente.

También tendrán que comunicar de inmediato los cambios relevantes en la gestión o en las finanzas de las ayudas. Entre ellos figuran las concesiones, modificaciones, revocaciones, pagos a beneficiarios, variaciones de actuaciones y cumplimiento de hitos. La plataforma ministerial devolverá un justificante telemático con la validación técnica y los avisos o rechazos que pueda generar cada remisión.

Hasta el 1 de junio de 2027, el Ministerio podrá ofrecer herramientas alternativas si existen problemas técnicos para integrar los sistemas. Esta posibilidad no modificará las fechas ni los contenidos que deben cumplir las administraciones.

Vivienda también pondrá en marcha un centro de atención dentro de su División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Será el punto único para facilitar credenciales, resolver incidencias y prestar asistencia técnica sobre el canal de intercambio.

Informes trimestrales y certificaciones de las ayudas

Con los datos registrados, las comunidades autónomas elaborarán informes trimestrales antes de que termine el mes siguiente al periodo analizado. Esos documentos incluirán la evolución de cada línea de ayuda, el grado de cumplimiento de las metas y las posibles desviaciones, junto con las medidas correctoras planteadas.

Además, cada ejecutivo autonómico deberá presentar antes del 31 de enero de cada año un informe anual de evaluación. El documento reunirá los indicadores del ejercicio, las previsiones para el año siguiente y la información sobre auditorías y controles de subvenciones, incluidas las irregularidades detectadas y las correcciones aplicadas.

Los órganos gestores tendrán que emitir una certificación específica por cada actuación financiada. Servirá para acreditar, cuando corresponda, la permanencia indefinida de la protección de las viviendas y para garantizar que las adjudicaciones se realizan mediante registros públicos de demandantes o procedimientos objetivos y transparentes.

El anexo incorpora indicadores sobre las fases de obra, la construcción industrializada, los sobrecostes en áreas tensionadas y las características de los beneficiarios, como edad, sexo, ingresos o situaciones de vulnerabilidad. La Dirección General de Planificación y Evaluación podrá difundir datos agregados de ejecución.