Las ayudas accidente Urda ya están en vigor tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado del decreto aprobado por el Consejo de Ministros. El siniestro ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) dejó al menos 69 personas fallecidas y el Gobierno ha movilizado 30 millones de euros para atender a las víctimas y adelantar parte de las indemnizaciones del seguro de responsabilidad civil.

El plazo para presentar las solicitudes será de tres meses, aunque todavía no ha comenzado. El cómputo arrancará cuando la Secretaría de Estado de Transportes publique la resolución que debe fijar el procedimiento de gestión.

Ayudas accidente Urda: importes para fallecidos y heridos

El dinero se divide en dos partidas iguales de 15.309.165,24 euros: una para las ayudas urgentes y otra para los anticipos del seguro. Por cada persona fallecida se establece una ayuda directa de 72.121,46 euros.

En el caso de las lesiones corporales, la cuantía dependerá de la gravedad. Los importes van desde 2.404,04 euros para los daños de menor entidad hasta más de 84.141,7 euros en los supuestos más graves. Las mismas cantidades se aplicarán a los anticipos del seguro.

El decreto considera víctimas a los viajeros, maquinistas, trabajadores en formación y personal de a bordo de los trenes siniestrados. También regula la figura de la víctima indirecta y el reparto de las ayudas entre sus beneficiarios, con fórmulas como la división a partes iguales entre los hijos o entre el cónyuge y los descendientes.

Protección laboral y transporte alternativo

Las bajas por incapacidad temporal derivadas del accidente tendrán, a efectos económicos, la consideración excepcional de accidente de trabajo. Los procesos iniciados antes del 30 de noviembre de 2026 no exigirán un periodo mínimo de cotización y permitirán cobrar la prestación desde el primer día.

El texto protege también a quienes no hayan podido acudir a su puesto o comenzar su jornada con puntualidad por el accidente o por las alteraciones del servicio. En esos casos, las empresas no podrán sancionarles ni causarles perjuicio laboral.

Mientras permanezca cortada la línea de Alta Velocidad Madrid-Andalucía, el decreto limita los precios de los transportes alternativos al tren y de los alojamientos vinculados a los desplazamientos afectados.