InicioToledoFiscalía pide 3 años y medio por una estafa de 6.800 euros

Fiscalía pide 3 años y medio por una estafa de 6.800 euros

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La Audiencia Provincial de Toledo juzgará este martes, 3 de noviembre, a un funcionario interino acusado de una estafa de 6.800 euros relacionada con falsas gestiones penitenciarias. La Fiscalía solicita para él tres años y seis meses de prisión, nueve meses de multa y una indemnización por la misma cantidad.

Los hechos investigados se remontan a 2014, entre marzo y diciembre. Según el escrito de acusación, el procesado trabajaba en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y habría utilizado su acceso a los expedientes para ofrecer a F.E.G. permisos de salida, encuentros con la juez y la libertad condicional para su pareja, C.R., interno entonces en el Centro Penitenciario de Ocaña I.

Cómo se habría producido la estafa de 6.800 euros

La acusación sostiene que el funcionario se presentó inicialmente como un juez de Vigilancia Penitenciaria llamado R. Más tarde habría reconocido que se llamaba G. y que únicamente era funcionario del juzgado, aunque mantuvo que trabajaba con un despacho de abogados capaz de conseguir los beneficios penitenciarios.

Para reforzar esas promesas, siempre según la Fiscalía, enseñó a la denunciante parte de un supuesto documento procedente de Madrid. En el fragmento visible figuraba que C.R. saldría de prisión el 29 de agosto de 2014. También le habría entregado un modelo de declaración de acogida para respaldar los permisos del interno.

Los pagos, que el acusado habría reclamado durante las citas sobre el caso, sumaron 6.800 euros. F.E.G. realizó ingresos al hijo del procesado y entregó otras cantidades en metálico.

La petición de la Fiscalía

El Ministerio Fiscal considera que los hechos pueden constituir un delito de estafa agravado por el aprovechamiento de la credibilidad profesional. Además de la pena de prisión y la multa, reclama la inhabilitación especial del acusado y el abono de 6.800 euros a la denunciante.

La supuesta actividad del funcionario habría afectado a expedientes de los centros penitenciarios de Ocaña I, Ocaña II y Cuenca, incluidos los relativos a permisos de salida, clasificaciones de grado y libertades condicionales.

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