La Fiscalía de Castilla-La Mancha ha advertido de que el narcotráfico en Toledo ha adquirido una dimensión relevante, con grupos organizados dedicados al tráfico de cocaína, drogas sintéticas y al cultivo indoor de hachís. El fiscal superior de la región, Emilio Fernández, expuso esta situación en las Cortes al presentar la Memoria correspondiente a 2025.
El documento señala que los delitos contra la salud pública han cambiado de tendencia en la comunidad respecto a años anteriores. Toledo y Guadalajara concentran, según Fernández, la actividad de grupos «ciertamente peligrosos en muchos aspectos», lo que ha llevado a designar un delegado de la Fiscalía Antidroga en Toledo.
La Fiscalía alerta sobre el narcotráfico en Toledo
Fernández explicó que la evolución registrada hasta hace tres o cuatro años mantenía una línea similar a la de otras regiones próximas, entre ellas Madrid. Ahora, sin embargo, la situación es diferente, especialmente por la actuación de organizaciones relacionadas con sustancias que causan grave daño a la salud.
La Fiscalía trabaja también para disponer de otro fiscal antidroga o de un enlace de esta unidad en Guadalajara. El fiscal superior describió la actividad detectada en Toledo como relevante en todas sus vertientes.
Agresiones sexuales a menores y accidentes laborales
La Memoria recoge igualmente que la cifra de delitos contra la libertad sexual «no mejora». La mayoría de los casos enjuiciados en 2025 fueron agresiones sexuales a menores de 16 años, unos hechos que, según Fernández, suelen producirse en el entorno familiar o cuasifamiliar.
El fiscal superior rechazó que exista una correspondencia entre estos delitos y la inmigración. También indicó que la violencia de género mantiene una cierta estabilidad, aunque no descienden los casos que incluyen violencia vicaria.
En siniestralidad laboral, los accidentes de trabajo bajaron levemente durante 2025 y en lo que va de 2026, pero aumentaron las víctimas mortales. Fernández reclamó un refuerzo de la Inspección de Trabajo.
La Fiscalía también ha observado preocupación por la delincuencia juvenil y un aumento relativo de la violencia intrafamiliar, junto con una respuesta que en ocasiones no llega con rapidez desde la jurisdicción de menores.
La plantilla regional cuenta con prácticamente 100 fiscales y su carga de trabajo creció un 10 % en 2025 respecto a 2024. Entre los problemas pendientes figuran la duración de los procedimientos y la suspensión de juicios: el año pasado se aplazó uno de cada dos.