El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un decreto que incorpora el nuevo Grado III+ de dependencia extrema para personas con ELA en fase avanzada y otros procesos de alta complejidad. La medida contempla prestaciones de hasta 9.859 euros mensuales para cubrir cuidados profesionales de especial intensidad.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha explicado que estas ayudas podrán destinarse a servicios de ayuda a domicilio o asistencia personal. La cuantía mínima prevista para los casos incluidos en este grado será de 3.200 euros.

El Grado III+ permitirá combinar apoyos profesionales y familiares

El decreto adapta a la normativa regional las medidas vinculadas a la Ley ELA y añade una protección financiada con recursos propios. Cuando la ayuda a domicilio o la asistencia personal reconocida no alcance las 480 horas mensuales, podrá compatibilizarse con la prestación destinada a cuidados en el entorno familiar.

En esas situaciones, la ayuda por cuidados familiares se reconocerá en su cuantía máxima. «Queremos que el apoyo profesional pueda complementarse», ha señalado Padilla, que también ha destacado «el esfuerzo tan importante que hacen las familias» ante situaciones «muy duras».

La regulación busca acortar los tiempos administrativos. Quienes ya tengan reconocido un Grado III y acrediten mediante certificado médico una situación de dependencia extrema no tendrán que pasar por una nueva valoración.

Tres meses para valorar la discapacidad y la dependencia

Castilla-La Mancha ya aplicaba algunas medidas relacionadas con la Ley ELA antes de aprobar formalmente el decreto, entre ellas la prioridad para resolver las solicitudes de estos pacientes. La nueva regulación fija ahora un plazo máximo de tres meses para valorar la discapacidad y la dependencia, así como para revisar el grado reconocido y el Programa Individual de Atención.

Las personas con ELA tendrán reconocido inicialmente, como mínimo, un 33% de discapacidad y un Grado I de dependencia. Las prestaciones también podrán tener efectos económicos desde la fecha de solicitud y, para quienes ya contasen con un grado reconocido, desde el momento en que se produjo ese reconocimiento.

La Junta calcula que las medidas específicas llegarán a unas 50 personas cada año y prevé destinar 3,7 millones de euros anuales para financiarlas. El sistema regional de dependencia atiende actualmente a unas 83.000 personas, según los datos aportados por la portavoz.