La Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha celebrará el 5 de octubre una rueda de prensa en Toledo, después de su constitución como espacio regional de coordinación entre organizaciones sociales y sindicales.
El colectivo pretende actuar ante las administraciones con una posición común y defender que el acceso a una vivienda se considere un derecho humano. Su presentación llega mientras la Junta impulsa una proposición de ley sobre movilización de suelo, vivienda y simplificación urbanística.
La plataforma vivienda Castilla-La Mancha cuestiona la reforma
Las entidades consideran que la iniciativa del Gobierno regional es una modificación parcial de la normativa sobre vivienda protegida y legislación urbanística. A su juicio, no sustituye a una ley integral de vivienda para Castilla-La Mancha y supone un nuevo “parche legal”, según recoge su comunicado.
La plataforma valora que el texto contemple ampliar el parque social, mantener la protección de las viviendas y fijar una duración mínima de 50 años para el régimen de alquiler de las viviendas protegidas. Sin embargo, advierte de que la regulación prevista podría dejar en una situación de mayor desprotección a personas vulnerables ante desalojos administrativos.
El colectivo sostiene que el impago de una cuota podría bastar para resolver un contrato de vivienda pública, sin atender suficientemente a la situación económica y social de quienes la ocupan. También considera poco concreta la moratoria prevista para casos excepcionales de carácter social.
Entre sus críticas figura la prioridad concedida a la construcción y a la reclasificación de terrenos frente a la compra de viviendas ya existentes mediante tanteo y retracto. La plataforma reclama un plan regional para sacar al mercado pisos vacíos, junto con fondos para adquirir, rehabilitar y recuperar vivienda, y pide ejecutar la inversión del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
Medidas que reclaman las organizaciones
Las entidades piden controlar los precios y las zonas tensionadas, prevenir los desalojos y aumentar el parque público. También plantean limitar la vivienda turística, perseguir el fraude en los alquileres de temporada y ofrecer una respuesta estable para la vivienda de temporeros.
Su propuesta incluye protocolos sociosanitarios previos a los desalojos de personas con problemas de salud mental o discapacidad, refuerzo del turno de oficio especializado y una valoración efectiva de la vulnerabilidad. También reclama medidas para hogares monomarentales, víctimas de violencia de género, población migrante, personas mayores y jóvenes con dificultades para emanciparse.
Entre las organizaciones integrantes figuran el Sindicato de Inquilinos de Guadalajara, la Unión Popular de Inquilinos de Toledo, Asamblea de Vivienda Talavera, PAH Toledo, CCOO Castilla-La Mancha, Amnistía Internacional Castilla-La Mancha y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, entre otras.