Castilla-La Mancha no tiene capacidad para recibir a más menores procedentes de Ceuta, según ha advertido este jueves la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, antes de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. La responsable autonómica trasladó esta posición en una entrevista concedida a la Cadena Ser y recogida por Europa Press.
La consejera sostiene que el sistema regional se encuentra ya por encima de su capacidad y que la situación es conocida por el Ministerio de Juventud e Infancia después de la coordinación de acogidas realizada durante los últimos meses.
Castilla-La Mancha rechaza asumir nuevas acogidas
García Torijano resumió la posición de la comunidad autónoma con una advertencia: «En estos momentos nuestro sistema no lo soporta más». También explicó que Castilla-La Mancha atraviesa una situación de sobreocupación que le impide hacerse cargo de nuevos casos.
La Conferencia Sectorial incluía inicialmente un punto sobre los 25 millones de euros para Ceuta destinados a atender la crisis. Según la consejera, se incorporó otro apartado para ofrecer información y abordar con mayor detalle la situación. La Junta espera conocer en esa reunión cómo plantea el Ministerio la respuesta.
La Junta reclama una intervención del Gobierno central
La titular de Bienestar Social ha defendido que se siga trabajando en el posible regreso de los menores a su lugar de origen mediante las entidades sociales de primera acogida. García Torijano confía en que el Gobierno central asuma directamente la atención de la crisis.
En esa línea, también ha apuntado a la colaboración con entidades sociales de Marruecos para que los niños y niñas puedan encontrar oportunidades de futuro allí. La consejera ha vinculado esta posibilidad a los planes que maneja el Ministerio.
Una crisis que va más allá de la acogida
La responsable autonómica ha coincidido con la posición expresada por el presidente regional, Emiliano García-Page, al considerar que lo ocurrido en Ceuta constituye una crisis de mayor alcance que la mera cuestión migratoria. A su juicio, afecta al control de fronteras y requiere una respuesta general por tratarse de una cuestión de Estado.
García Torijano ha señalado que las comunidades autónomas afrontan un coste relevante cuando participan en estas acogidas y ha reclamado que el Gobierno de España lo asuma. Al mismo tiempo, ha diferenciado esa financiación de la respuesta global a la crisis: la solidaridad autonómica, ha indicado, no puede resolver por sí sola una situación de estas características.