La controversia por el aumento de proyectos de plantas de biometano en diversos municipios de Castilla-La Mancha ha llevado a una modificación de la legislación ambiental autonómica. Esta nueva normativa, aprobada el pasado jueves, permitirá a los ayuntamientos detener la tramitación de instalaciones que no cuenten con su aprobación. La reforma fue respaldada por la mayoría del Grupo Socialista, mientras que el Partido Popular (PP) y Vox se manifestaron en contra.
Modificación de la Ley de Evaluación Ambiental
Las Cortes regionales discutieron la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que busca alterar la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Esta modificación obligará a cada pleno municipal a pronunciarse sobre la aprobación o rechazo de la instalación de plantas de biometano en sus respectivas localidades.
Detalles de la propuesta
Durante la presentación de la modificación, el diputado socialista Francisco Barato explicó que se introducen ocho cambios en la normativa regional. De estas, cinco están enfocadas en fortalecer el papel de las entidades locales, tanto en los casos donde el ayuntamiento tiene competencias para autorizar un proyecto como en aquellos donde la instalación afecta directamente a la localidad.
Hasta el momento, los consistorios solo participaban emitiendo informes sobre la compatibilidad urbanística y otras cuestiones técnicas. Con la reforma, además de esos informes, se requiere que el pleno municipal adopte una posición clara.
Si el ayuntamiento da su conformidad, el proceso puede continuar; sin embargo, si el proyecto es rechazado con una decisión justificada, la tramitación se detendrá y la instalación no podrá llevarse a cabo según lo propuesto.
Posición del diputado socialista
Barato destacó que esta modificación permitirá una participación más activa de los municipios, pasando de un papel meramente informativo a una intervención «clara, formal y efectiva». Según el diputado, son los municipios los que deben tener la capacidad de decidir sobre el tráfico, los accesos, los olores y el impacto en el territorio, así como posibles efectos en la agricultura y ganadería.
Además, Barato criticó a PP y Vox por no presentar propuestas para modificar el texto y les acusó de cambiar de posición respecto a lo que defendieron en un debate en mayo, donde ambos grupos pidieron una mayor participación de los consistorios. Recordó que varios alcaldes del PP se han opuesto a proyectos de biometano y han pedido mayor autonomía municipal, citando al Ayuntamiento de Talavera de la Reina, gobernado por el PP y Vox, como un ejemplo de apoyo a esta nueva capacidad de decisión local.
Reacciones del Partido Popular
El diputado del PP, Santiago Lucas-Torres, criticó al Gobierno regional por intentar eludir sus responsabilidades y trasladar el conflicto generado por las plantas de biometano a los 919 municipios de Castilla-La Mancha. Según Lucas-Torres, la evaluación ambiental debe ser una competencia autonómica, y no dejar la decisión en manos de alcaldes y concejales que podrían carecer de los recursos necesarios y enfrentarse a presiones de la comunidad.
El parlamentario también acusó al Gobierno de utilizar a los alcaldes como «escudo político», delegando en ellos el desgaste de tomar decisiones sobre inversiones controvertidas. Además, resaltó una supuesta contradicción en el texto de la ley, que permitiría que un ayuntamiento rechace un proyecto, pero que el Consejo de Gobierno pudiera autorizarlo si lo considera una inversión estratégica.
Lucas-Torres también expresó su descontento por el hecho de que la proposición haya llegado al pleno sin un análisis previo en comisión, señalando que muchos municipios carecen del personal y recursos necesarios para afrontar estas nuevas responsabilidades.
Vox critica el aumento de la burocracia
Por su parte, el diputado de Vox, Francisco José Cobo, acusó al PSOE y a la Consejería de Desarrollo Sostenible de comprometer la seguridad y el control en las declaraciones de impacto ambiental. Cobo advirtió que la reforma podría generar una «triplicidad» en la documentación presentada por los promotores, complicando aún más el proceso.