El anteproyecto de ley de voluntariado de Castilla-La Mancha ha entrado en un periodo de información pública que se extenderá hasta el 16 de junio. Durante este tiempo, tanto entidades dedicadas a esta labor como ciudadanos interesados podrán presentar sus contribuciones a esta nueva normativa, la cual busca actualizar la legislación vigente desde 1995.
Objetivos de la nueva ley
La consejera portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla, destacó en una reciente rueda de prensa que, aunque la ley actual fue pionera, han transcurrido más de tres décadas desde su promulgación y la región ha experimentado una notable evolución. «Hemos cambiado como sociedad», afirmó.
Realidades contemporáneas del voluntariado
Padilla subrayó que la legislación actual coexiste con realidades que no existían hace 30 años, como el voluntariado digital. Este nuevo enfoque incluye la solidaridad ejercida a través de medios tecnológicos, como ayudar a personas mayores a aprender a utilizar dispositivos móviles o a realizar trámites en línea.
Reuniones con entidades del sector
La Junta de Comunidades ha llevado a cabo diversas reuniones con organizaciones relevantes en el ámbito del voluntariado para recoger sus aportaciones en la elaboración de este primer borrador del anteproyecto. Este trabajo colaborativo busca reflejar las necesidades y expectativas del sector.
Aportaciones al anteproyecto
Desde ahora y hasta el 16 de junio, cualquier ciudadano o entidad de la región tiene la oportunidad de hacer aportaciones sobre siete títulos incluidos en el anteproyecto. Estos abarcan aspectos fundamentales como el concepto y ámbitos del voluntariado, los derechos y deberes de los voluntarios, el papel de las entidades, las competencias de la Administración Pública, el Plan Regional del Voluntario, el registro de entidades y los órganos de participación.
Reconocimiento del valor social del voluntariado
El Gobierno de Castilla-La Mancha busca, a través de esta nueva ley, reconocer el significativo valor social que aporta la acción voluntaria. Se pretende reforzar las garantías para quienes realizan esta labor, regulando de manera clara sus derechos y deberes, así como proporcionar mayor seguridad a las entidades que operan en este ámbito.