El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha se ha pronunciado recientemente sobre una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular, la cual solicitaba medidas urgentes para garantizar la disponibilidad de plazas educativas y residenciales para jóvenes con discapacidad grave, con un enfoque especial en las provincias de Guadalajara y Cuenca. La iniciativa fue rechazada por la mayoría socialista, aunque Vox respaldó la propuesta de los ‘populares’.

Iniciativas para la atención a jóvenes con discapacidad

Durante la sesión plenaria, se debatió un texto que instaba al Gobierno regional a implementar de manera urgente una ampliación o flexibilización de la permanencia educativa para el alumnado con necesidades educativas especiales del CPEE ‘Pedro Solís’ de Guadalajara. Este planteamiento busca evitar que aquellos jóvenes que cumplen 21 años y aún no cuentan con plaza en un recurso alternativo se queden sin apoyo, asegurando así la continuidad de los servicios en un entorno familiar familiarizado tanto por los alumnos como por sus familias.

Asimismo, el Partido Popular demandó que el Gobierno de Castilla-La Mancha apruebe, antes del inicio del próximo curso, un plan específico de transición a la vida adulta en Guadalajara, que contemple un incremento inmediato de plazas de atención diurna y ocupacional para jóvenes con discapacidad grave. Este plan incluiría la ampliación de la capacidad del CADIG ‘La Chopera’ o la creación de un recurso alternativo equivalente para poder atender la lista de espera existente y cubrir las necesidades de los alumnos que finalizan su escolarización este año.

Mapa regional de necesidades educativas

Otra de las propuestas del PP es la elaboración, en un plazo máximo de seis meses, de un mapa regional que identifique las necesidades de plazas educativas, tanto diurnas como residenciales, para jóvenes con discapacidad grave, centrándose en las provincias de Guadalajara y Cuenca. El objetivo es corregir desequilibrios territoriales, anticipar la demanda futura y planificar los recursos necesarios en otras provincias como Albacete y Ciudad Real, así como en la región en general.

Además, el PP instó al Gobierno de Emiliano García-Page a fomentar la construcción de un nuevo centro especializado en la provincia de Guadalajara o a ampliar los existentes, asegurando que cuenten con los profesionales y servicios necesarios para ofrecer una atención continua y adecuada a medio y largo plazo. Esto aliviaría la carga que actualmente enfrentan las familias y garantizaría una atención centrada en la persona.

Denuncias del PP sobre la situación actual

El diputado regional del Partido Popular, Ignacio Redondo, expresó su preocupación al señalar que «hoy venimos a hablar de jóvenes con una discapacidad grave, que llevan toda una vida sostenidos por profesionales, por rutinas, por tratamientos, por apoyos estables y que, al cumplir los 21 años, se asoman a un precipicio administrativo».

Redondo destacó que, aunque estos jóvenes pueden permanecer en el centro hasta los 21 años, muchos no cuentan con un recurso alternativo adecuado al finalizar esta etapa, lo que genera un «gran cuello de botella». Criticó que «el sistema acompaña hasta el último día de escolarización, pero no garantiza la continuidad necesaria al día siguiente», lo que deja a las familias en una situación de desamparo.

El diputado advirtió que al salir «de forma brusca» del entorno donde han sido atendidos durante años, estos jóvenes no solo pierden una plaza, sino que también su estabilidad, rutinas y terapias, afectando gravemente su bienestar y el de sus familias. «La necesidad no desaparece a los 21 años, lo que desaparece es la cobertura, y esa es la gran injusticia que hoy venimos a denunciar», añadió.

Vox también se pronuncia sobre el tema

Desde Vox, el parlamentario Iván Sánchez se sumó a la discusión, enfatizando que «hoy hablamos de algo mucho más importante que una cifra o un presupuesto; hablamos de familias que viven con angustia, sin saber si sus hijos tendrán o no una plaza adecuada».

Sánchez resaltó la situación de las personas dependientes que requieren atención especializada y la carga que enfrentan sus familias, que a menudo se sienten ignoradas por la Administración regional. «La realidad es que en Castilla-La Mancha seguimos teniendo enormes carencias en este ámbito», concluyó.